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Piden cuatro años de prisión a una funcionaria acusada de acceder a datos de la hija de su pareja

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para una funcionaria de la Junta de Andalucía acusada de utilizar presuntamente su cargo para acceder de forma irregular a datos oficiales de la hija de su pareja sentimental. En la misma causa, el ministerio público pide dos años y dos meses de cárcel para el padre de la denunciante, al considerar que ambos actuaron de común acuerdo para obtener información reservada con el objetivo de dejar de abonar una pensión alimentaria.

Según el escrito de conclusiones provisionales, los hechos se remontan a un periodo posterior al divorcio de la madre de la denunciante, momento desde el cual el padre estaba legalmente obligado a pagar una pensión alimentaria a favor de su hija. El procedimiento será enjuiciado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, que deberá valorar si existió un uso ilícito de datos personales protegidos por parte de los acusados.

Un plan para recabar información reservada

De acuerdo con la acusación pública, el padre habría tratado de “extinguir el pago de dicha pensión” y, para ello, necesitaba acreditar una supuesta situación económica distinta de su hija. Entre los datos que pretendía obtener figuraba la vida laboral extensa de la joven, con el fin de comprobar si percibía algún tipo de ingreso o ayuda pública, como una renta de inserción.

La Fiscalía sostiene que, antes de presentar una demanda de modificación de medidas, el acusado actuó “de común acuerdo” con su pareja sentimental, que en ese momento era funcionaria pública adscrita al servicio de gestión de pensiones de la Seguridad Social en la Junta de Andalucía. Presuntamente, la funcionaria habría facilitado el acceso a estos datos aprovechándose de su posición y de los recursos internos de la administración.

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En concreto, el ministerio público sitúa los hechos en febrero de 2021, cuando la acusada, “por motivos personales ajenos al ejercicio de sus funciones y prevaliéndose del cargo”, habría solicitado a una compañera destinada en el servicio de acción e inserción social que buscara información sobre la hija de su pareja. La finalidad de esta actuación, siempre según la acusación, era conocer si la joven percibía alguna prestación o ingreso que pudiera servir de base para reclamar judicialmente la supresión de la pensión alimentaria.

Divulgación de datos y consecuencias penales

Una vez obtenida la información, la funcionaria habría divulgado los datos al acusado. Con esta información en su poder, el padre habría presentado a finales de 2021 una demanda solicitando la extinción de la pensión alimentaria, apoyándose en la supuesta situación económica de su hija. La Fiscalía subraya que esta actuación se realizó “con la seguridad que ello le proporcionaba” el acceso previo a los datos reservados.

El caso salió a la luz cuando la denunciante tuvo conocimiento de que su padre se habría jactado públicamente de haber accedido a sus datos personales a través de contactos en la administración. Tras ello, la joven presentó una reclamación ante la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que dio origen a las actuaciones judiciales que ahora desembocan en la petición de penas por parte del ministerio público.

Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. En el caso de la funcionaria, el agravante deriva de su condición de empleada pública y del uso indebido de su cargo. Por ello, además de los cuatro años de prisión solicitados, se interesa la imposición de una multa por importe total de 5.700 euros y una pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público durante seis años.

En cuanto al padre de la denunciante, el ministerio público solicita, además de los dos años y dos meses de prisión, una multa de 5.400 euros por la presunta comisión del mismo delito. Será ahora la Audiencia Provincial de Granada la encargada de analizar las pruebas y determinar si los hechos descritos constituyen un acceso ilícito a datos protegidos y si ambos acusados deben responder penalmente por ello.

 

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