Una semana después del sorteo Extraordinario de Navidad, el lío ‘Gordo’ lo tienen en Villamanín, localidad leonesa donde la Comisión de Fiestas vendió más papeletas del número que tenía el primer premio. Tras días de polémica se había llegado a un acuerdo entre los vecinos para cobrar algo menos pero no acaba el jaleo ya que no hay consenso absoluto. La Comisión de Fiestas de la localidad leonesa vendió por error papeletas de más del número que sería el Gordo, distribuyendo 50 participaciones de las 450 que vendieron sin tener asignadas los diez décimos premiados correspondientes.
Villamanín alcanza un acuerdo para cobrar El Gordo tras un error en la venta de participaciones
El fallo suponía la falta de cuatro millones de euros por repartir, lo que provocó la incertidumbre entre los vecinos que debían cobrar el primer premio de la Lotería de Navidad de este año. Se propuso detraer el 10% del premio de cada participación (80.000 euros) para que todos pudieran cobrar. No obstante, el acuerdo no fue aceptado por todos los presentes al ver reducido su premio. Así, tras una tensa reunión de los vecinos por el escándalo, los expertos apuntan a la vía judicial como solución al escándalo del Gordo.
La vía judicial
No obstante, ahora mismo no se puede calcular la merma, porque hay que saber cuántas personas acuden a cobrar y aceptan el acuerdo, si bien el dinero habrá que depositarlo en el Juzgado, donde el juez hará el pago. La complejidad de la situación puede hacer que se recurra a los tribunales para una posible resolución. Muchos expertos apuntan incluso que sería la única solución con el objetivo de dirimir responsabilidades. Por ejemplo, la abogada Laura Fra, en declaraciones al ‘Diario de León’, asegura que no se es «peor vecino» por «ejercer un derecho reconocido por la ley».
«El que cobra dinero por una participación asume una obligación frente al comprador y los tribunales han reconocido de forma reiterada el derecho de los afectados a reclamar las cantidades», señala la abogada, que habla de la posibilidad de «gestión imprudente» y del «silencio institucional» del Ayuntamiento, al tratarse de una Comisión de Fiestas de vecinos para gestionar estas cantidades.