El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la absolución de un hombre que mató a puñaladas a un conocido en un bar de Córdoba, aunque le impone doce años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. La decisión se basa en que el acusado sufría un trastorno mental grave que anuló completamente su capacidad para entender lo que hacía.
La sentencia, que confirma el fallo de la Audiencia Provincial de Córdoba, aplica lo que en términos legales se conoce como «eximente completa de trastorno mental». Esto significa que, aunque se reconoce que cometió los hechos, la justicia considera que no puede ser penalmente responsable debido a su enfermedad mental. En lugar de prisión, deberá recibir tratamiento médico y psiquiátrico bajo vigilancia.
El tribunal andaluz ha rechazado el recurso presentado por el acusado, aunque todavía cabe la posibilidad de llevar el caso al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación.
Los hechos: una agresión brutal en pleno agosto
Los acontecimientos ocurrieron la noche del 15 de agosto de 2023, sobre las diez y media, en un bar situado en la Plaza Escultor García Rueda de la capital cordobesa. Ese día, tanto el agresor como la víctima, un hombre de 44 años, coincidieron en el establecimiento como clientes.
El acusado, que no tenía antecedentes penales, se encontraba en la terraza acompañado de otra persona. La víctima estaba en la barra tomando algo. Según recoge la sentencia, ambos se conocían porque el fallecido trabajaba en el bar y mantenían una relación cordial. De hecho, cuando se cruzaron esa noche se saludaron de forma amistosa.
Sin embargo, lo que ocurrió después fue inesperado y brutal. El acusado entró en un salón cerrado al público y cogió un cuchillo de cocina con una hoja de unos 16 centímetros. Con el arma en la mano, se dirigió directamente hacia el hombre y comenzó a apuñalarlo con intención de matarlo.
La primera puñalada impactó en el abdomen, pero no fue la única. Le siguieron más heridas en el cuello y el tórax. La víctima intentó defenderse sin éxito. Cuando cayó al suelo, indefenso, siguió recibiendo cuchilladas en diferentes partes del cuerpo: tórax, cuello, cabeza y cara. En total, le asestó 21 puñaladas durante algo menos de tres minutos.
La intervención de los testigos
Al escuchar el alboroto, varios clientes que estaban en la terraza entraron corriendo al bar. Intentaron que el agresor detuviera el ataque. Uno de ellos incluso le lanzó una silla para frenarlo, pero no sirvió de nada.
En medio de la agresión, el acusado pronunció una frase que resultaría clave para entender su estado mental: «Me viola todos los días, tiene que parar», dirigiéndose a uno de los presentes. Esta afirmación, que no tenía ninguna base real, evidenciaba el grave trastorno que padecía.
El dueño del bar, que había salido momentos antes a tirar la basura, regresó y le ordenó que parara. En ese momento, con la víctima ya inerte en el suelo, el agresor respondió: «Ya he terminado, llama a la policía». Acto seguido, se dirigió tranquilamente al cuarto de baño. El propietario del local le siguió y cerró la puerta, manteniéndolo allí hasta que llegaron los agentes de la Policía Nacional.
La víctima fue trasladada con vida al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, pero falleció pocas horas después, a las dos de la madrugada del 16 de agosto. La causa de la muerte fue un shock hemorrágico, es decir, una pérdida masiva de sangre provocada por las múltiples heridas de arma blanca.
La relación laboral previa
Un dato relevante del caso es que el acusado había trabajado en ese mismo bar desde aproximadamente diciembre de 2022. No tenía un contrato formal, sino que acudía a echar horas cuando el dueño lo necesitaba y le pedía ayuda, recibiendo un pago por ese tiempo. Sin embargo, el día de los hechos no estaba allí como empleado, sino como cliente.
El trastorno mental: la clave de la sentencia
Durante el juicio, celebrado con jurado, el acusado admitió haber causado la muerte del hombre. Incluso ofreció un piso de su propiedad como forma de compensar económicamente a la familia de la víctima, una propuesta que formalizó por escrito al inicio de la vista judicial en junio de 2025.
Lo que determinó la absolución fue el diagnóstico psiquiátrico. Según los informes periciales, el acusado padece un trastorno mental grave conocido como «trastorno de ideas delirantes». Este tipo de enfermedad mental se caracteriza porque la persona tiene creencias firmemente arraigadas que no se corresponden con la realidad, como es el caso de un delirio de persecución.
En términos sencillos, un delirio de persecución hace que la persona esté convencida de que alguien le está haciendo daño, persiguiéndola o atacándola, cuando en realidad nada de eso está ocurriendo. Es una distorsión grave de la percepción de la realidad que la persona no puede controlar.
Además, el acusado también sufría trastornos por consumo de cocaína y cannabis. Los expertos determinaron que este cuadro mental estaba presente en el momento de los hechos y que existe una relación directa entre el trastorno y la agresión mortal. La situación pudo empeorar porque el acusado había dejado de tomar su medicación y estaba consumiendo drogas.
Incapacidad para comprender y decidir
El aspecto fundamental que llevó a la absolución es que, en el momento del crimen, el acusado tenía completamente anulada su capacidad para comprender que lo que hacía era ilegal y moralmente reprobable. Tampoco podía decidir libremente sobre sus actos. En otras palabras, la enfermedad mental había tomado el control total de su comportamiento.
Esta es la razón por la que se aplica la eximente completa: la ley reconoce que una persona que no puede entender lo que hace ni controlar sus acciones por una enfermedad mental severa no puede ser castigada de la misma forma que alguien que actúa con plena conciencia y voluntad.
Medida de seguridad y responsabilidad civil
Aunque el acusado queda absuelto de responsabilidad penal, la justicia le impone una medida de seguridad por un máximo de doce años. Esto significa que permanecerá internado en un centro psiquiátrico penitenciario donde recibirá tratamiento especializado. Esta medida busca tanto tratar su enfermedad como proteger a la sociedad.
En cuanto a la compensación económica, la sentencia condena al acusado a indemnizar a cada uno de los cinco hermanos de la víctima con 25.000 euros. Sin embargo, se rechazó la responsabilidad subsidiaria que se reclamaba, así como la responsabilidad directa de la aseguradora del bar donde ocurrieron los hechos.
El acusado se encuentra privado de libertad desde agosto de 2023, cuando fue detenido los días 15, 16 y 17 de ese mes, e inmediatamente después una resolución judicial ordenó su internamiento preventivo.
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