El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto diligencias previas para investigar posibles delitos en la gestión de compras y suministros del Hospital Universitario Reina Sofía durante los años más críticos de la pandemia. La investigación se centra en la etapa comprendida entre 2020 y 2021.
El magistrado José Luis Rodríguez Lainz ha tomado esta decisión tras la querella presentada por el PSOE el pasado 30 de octubre de 2025. La denuncia se dirige contra Valle García, quien en el momento de los hechos era la directora gerente del hospital cordobés y responsable de su plataforma logística. Actualmente, García ocupa el cargo de gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El foco de la investigación: contratos «a dedo»
La querella pone bajo sospecha el uso recurrente de la contratación menor y las prórrogas de contratos ya existentes. En la administración pública, el «contrato menor» es una herramienta excepcional pensada para compras de bajo importe que permite adjudicar un servicio de forma directa, sin necesidad de realizar un concurso público abierto a varias empresas.
Según el texto de la acusación, se habría abusado de esta fórmula de manera injustificada. El objetivo, presuntamente, sería eludir los procedimientos ordinarios de contratación, vulnerando así los principios de competitividad y transparencia que deben regir el uso del dinero público.
Delitos bajo sospecha y pruebas clave
Los hechos denunciados revisten una gravedad considerable. El PSOE sostiene que se podrían haber cometido delitos de prevaricación administrativa —que ocurre cuando un funcionario dicta una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta— y malversación de caudales públicos, referida al uso indebido o desvío de fondos del Estado.
Además de estos, la investigación abarca posibles delitos de falsedad documental, fraude en la contratación y pertenencia a organización criminal. El sustento de estas acusaciones se encuentra en dos documentos clave: los Informes Definitivos de Cumplimiento emitidos por la Intervención Provincial del SAS en septiembre de 2022 y mayo de 2024.
Primeras diligencias judiciales
Ante la gravedad de los indicios, el juez Rodríguez Lainz ha ordenado las primeras medidas de investigación. Ha solicitado oficialmente al Servicio Jurídico del SAS que remita al juzgado copias íntegras de todos los expedientes de contratación bajo sospecha, correspondientes al centro de gasto del Hospital Reina Sofía.
Asimismo, el magistrado ha reclamado a la Intervención Provincial del SAS los informes de control realizados sobre cada contrato, así como cualquier justificación o alegación presentada por los responsables durante su tramitación. El objetivo es comprobar si hubo un control real sobre cómo se gastaba el presupuesto sanitario.
Identificación de responsables
El juzgado no solo busca analizar el papel de Valle García, sino también el de la cadena de mando técnica. Por ello, se ha pedido identificar al personal que tramitó los expedientes y a quienes tenían la capacidad de decisión para elegir a las empresas beneficiarias en los contratos de urgencia.
El magistrado ha advertido que, una vez se reciba la información y el informe de la Fiscalía, la causa podría dividirse en piezas separadas. Esta estrategia legal permitiría investigar cada contrato de forma individualizada para agilizar el proceso y evitar que la causa se vuelva inmanejable.
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