La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asegurado este jueves, 15 de enero, en relación con la reunión mantenida con la familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, que actuará, dentro del marco que permita la vía administrativa, para evitar que situaciones como la presuntamente vivida por la menor se repitan.
«Cuando ocurre algo así, es muy difícil el consuelo. Perder un hijo es lo peor que le puede pasar a una persona, así que cualquier tipo de apoyo que se le pueda dar a la familia, es importante», ha explicado Castillo.
La consejera ha incidido en que, tras la presentación de una querella por parte de los familiares de la menor contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y su personal docente, como administración, corresponde «esperar a que la autoridad judicial se pronuncie».
No debe volver a ocurrir
Castillo ha insistido en que desde la Junta de Andalucía existe el convencimiento de que «situaciones como esta no deben volver a repetirse» y ha avanzado que los próximos 29 y 30 de enero, en Córdoba, se celebrará el Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital ‘Andalucía frente al acoso’. «Frente al acoso tenemos que estar todos implicados, no solo los centros educativos», ha concluido.
«Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren», afirmaba el portavoz de la familia, que también agradecía «el cariño que están recibiendo de la sociedad».
Por otro lado, Villar confirmaba que el juzgado ha admitido la querella presentada el pasado viernes contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado «implicado» en el presunto suicidio de la menor, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre.
Responsabilidades de los profesionales
Según la familia hay ciertos indicios de las diligencias practicadas por la Fiscalía al respecto de la actuación y posible responsabilidad de los profesionales del centro educativo en el que estudiaba la víctima llevan a concluir «sin lugar a dudas» la posible implicación de los mencionados docentes en el caso, dada su «falta» de actuación en el presunto caso de acoso que podría haber sufrido Peña. Por ello, la familia alega que los implicados habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.
La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.
Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa» en torno al citado caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar «con el monstruo del bullying». Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.
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