La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus en las diligencias previas 2476/2024 ha decidido decretar el «sobreseimiento provisional y archivo» de las actuaciones derivadas de las presentadas por el PSOE andaluz y por Podemos contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas Ortega, por considerar que «no existen indicios de la perpetración de delito».
Así figura en un auto dictado el pasado jueves 22 de enero por este órgano judicial, adelantado por el diario ABC y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se comunica que «no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que, en sí mismos carecen de relevancia penal».
La petición del PSOE queda rechazada
En este sentido, el juez rechaza la petición del PSOE-A de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado «por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible exitencia de delito, y prolongar más la instrucción vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento».
En el auto, de 23 folios y que puede ser objeto de recurso, el juez argumenta que «la existencia del delito tiene que apoyarse en otros elementos de intenso valor incriminatorio y en este caso no se detectan» más allá de los reparos expresados por la Intervención General de la Junta, que además decidió que «no procedía un propuesta de informe de actuación».
No se eludieron las normas de orden público
Sobre la prórroga de la contratación de emergencia más allá de la pandemia, el magistrado sostiene que «no puede concluirse que la finalidad fuera elusión de las normas de orden público de la contratación, sino que respondían a necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación, sin modificación de lo contratado, dado el grave retraso generado por la crisis sanitaria».
De hecho, en su opinión, «no ha existido una actuación arbitraria o caprichosa, ni un injustificado ejercicio de abuso de poder», ya que destaca que «no sólo se emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos (…), sino que la contratación se desarrolló con todas las empresas hasta entonces contratantes con el SAS, siendo así que no consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia efectuada por el SAS, como tampoco perjuicio a la administración ni por exceso de gasto ni por pérdida de fondos europeos»
Las contrataciones no son» groseramente ilegales»
En su opinión, «pudiera discutirse si –estas contrataciones– son o no irregulares, pero lo que, sin duda, no son es groseramente ilegales o dictadas por intereses ajenos a los públicos o generales y con desdén o indiferencia frente a la legalidad», ya que subraya que «resulta, cuando menos, discutible que, en la fecha de las resoluciones de prórroga, no existiera aún una situación de emergencia».
Los gerentes del SAS han justificado en todo momento el mantenimiento de los contratos de emergencia en la necesidad de seguir atendiendo las urgencias asistenciales derivadas de la pandemia y han restado relevancia al cambio de la fiscalización previa al control financiero permanente acordado por el Consejo de Gobierno.