Andalucía continúa arrastrando profundas desigualdades sociales. El 23% de su población, cerca de dos millones de personas, se encuentra en situación de exclusión social y más de 800.000 lo hacen en condiciones severas, según revela el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este martes por Cáritas Andalucía en Sevilla. El estudio advierte de una fractura estructural que se mantiene en el tiempo y señala a la vivienda y al empleo como los principales factores que empujan a miles de hogares a la vulnerabilidad.
El informe constata que la comunidad autónoma presenta niveles de exclusión superiores a la media estatal, una situación que no responde a causas puntuales, sino a problemas enquistados tras más de dos décadas de crisis económicas, sanitarias y habitacionales. Pese a las fases de recuperación, las brechas sociales no solo no se han cerrado, sino que se han consolidado.
La vivienda, factor clave
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en el mayor motor de la exclusión social en Andalucía. Casi una de cada cuatro personas se ve afectada por problemas residenciales. Desde 2018, el precio de compra de la vivienda ha aumentado un 65%, muy por encima de la evolución de los salarios, lo que obliga a miles de familias a destinar una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar casa y suministros.
Este sobreesfuerzo residencial empuja a más de 400.000 hogares por debajo del umbral de la pobreza severa tras afrontar los gastos básicos. La situación es especialmente grave entre quienes viven de alquiler: aunque solo representan el 15% de la población, el 43% se encuentra en riesgo de pobreza. A ello se suman medio millón de personas en situación de inseguridad residencial y más de 1,2 millones que habitan viviendas inadecuadas, con hacinamiento o problemas de salubridad.
Trabajar ya no basta
El empleo es el segundo gran eje de la exclusión. Aunque los datos de ocupación han mejorado, trabajar ya no garantiza salir de la precariedad. La inflación y el encarecimiento de la vivienda han reducido de forma notable la capacidad protectora del empleo. En Andalucía, el salario medio es un 7,6% inferior al estatal y más de uno de cada diez hogares depende de un sustentador con empleo inestable.
El informe subraya que muchas personas en exclusión trabajan, buscan empleo o se forman, pero chocan con un mercado laboral frágil y con ingresos insuficientes para sostener proyectos de vida dignos. “El empleo reduce el riesgo de exclusión, pero ya no lo elimina”, concluye el estudio, que reclama políticas estructurales en vivienda y trabajo para frenar una desigualdad que se cronifica.
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