El Juzgado de Instrucción de Córdoba ha dictado el archivo de la denuncia presentada por la empresa Hitachi Energy contra cientos de sus trabajadores. La dirección de la planta había acusado a la plantilla de un supuesto encierro ilegal durante la jornada de protesta del pasado 19 de noviembre, pero el juez ha determinado que no existen indicios de delito.
Según ha informado el sindicato CCOO, el auto judicial es tajante al señalar que «no ha quedado justificada la perpetración de un hecho punible». En términos jurídicos, esto significa que las acciones de los empleados no constituyen un delito castigado por el Código Penal, sino que se enmarcan dentro del ejercicio de sus derechos laborales.
El origen del conflicto: una protesta pacífica
Los hechos se remontan a mediados de noviembre, cuando cientos de empleados se concentraron en el interior de la fábrica tras conocerse las duras sanciones impuestas al presidente y al secretario del comité de empresa. Ante esta reunión espontánea, la dirección de Hitachi Energy llamó a la Policía Nacional para denunciar lo que consideraban una «ocupación» de la planta.
Sin embargo, el magistrado subraya en su resolución que permanecer en el centro de trabajo como medida de protesta no es, por sí mismo, una actividad criminal. El auto recuerda que la huelga es un derecho legal y que la estancia pacífica en las instalaciones forma parte de ese derecho, siempre que no se emplee la violencia ni se impida el paso a otros compañeros.
En este caso, el atestado policial —el informe oficial redactado por los agentes que acudieron al lugar— fue clave, ya que confirmó que en ningún momento se registraron actitudes violentas por parte de los trabajadores.
Doble revés de la Inspección de Trabajo
A esta decisión judicial se le suman dos sanciones administrativas recientes impuestas por la Inspección de Trabajo. La primera de ellas conlleva una multa de 8.000 euros contra Hitachi Energy por vulnerar los derechos de representación de los trabajadores. La autoridad laboral considera probado que la empresa prohibió ilegalmente la entrada al secretario general de CCOO de Córdoba, quien acudía a las instalaciones para asesorar al comité.
La segunda sanción responde al cierre patronal de las instalaciones que la empresa llevó a cabo «sin la debida justificación». En este punto, resulta llamativo que la propia Hitachi Energy reconoció en el expediente que los trabajadores no tuvieron responsabilidad alguna en dicho cierre, lo que para el sindicato hace que las represalias contra la plantilla sean «aún más incomprensibles».
Un obstáculo para la paz social
Agustín Jiménez, secretario general del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, y Álvaro García Leiva, presidente del Comité de Empresa, han recibido la noticia con satisfacción. Ambos coinciden en que tanto la justicia como la Inspección de Trabajo están avalando que la plantilla actuó siempre conforme a la ley.
García Leiva ha instado a la dirección a retirar de inmediato las sanciones que aún pesan sobre varios representantes sindicales, algunos de ellos suspendidos con hasta 120 días de empleo y sueldo. «No nos podemos sentar a negociar con más de la mitad del comité sancionado», ha advertido, vinculando la retirada de estos castigos a la posible desconvocatoria del calendario de huelgas previsto.
Finalmente, CCOO ha lamentado la postura del sindicato UGT, al que acusa de actuar como «vocero» de la empresa y de intentar ocultar las sanciones impuestas a la dirección, dificultando así un entendimiento que devuelva la estabilidad a la fábrica cordobesa.
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