Los vecinos de varias comunidades de propietarios de Sevilla denuncian la presunta apropiación indebida de fondos por parte de su administrador de fincas, al que acusan de haber solicitado préstamos bancarios en nombre de las comunidades sin su conocimiento.
El caso ha provocado la apertura de un expediente disciplinario por parte del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, después de que la Junta de Gobierno tuviera conocimiento de las denuncias presentadas por varios afectados. La corporación estudia además personarse como acusación particular en el procedimiento judicial y ha ofrecido asesoramiento a las comunidades implicadas.
Según relatan los propios vecinos, la situación salió a la luz al detectar movimientos económicos y deudas que no correspondían con los acuerdos adoptados en junta. Al revisar la documentación, comprobaron que se habrían formalizado créditos a nombre de las comunidades sin autorización expresa de los propietarios.
María Balastegui, vecina de la comunidad, explica el alcance económico del presunto fraude, “a nuestra comunidad han sido 192.000 €, pero juntando todas las comunidades que conocemos hasta el momento, que son 14, puede llegar a ser 2 millones de euros.”
Los importes de los préstamos detectados oscilan entre los 150.000 y los 200.000 euros por comunidad, afectando al menos a siete fincas, la mayoría situadas en el barrio sevillano de Pino Montano, aunque el número podría ampliarse conforme avance la investigación.
Paso a los juzgados
Al menos dos comunidades formalizaron denuncia judicial el 12 de febrero. El procedimiento se encuentra en una fase inicial, aunque el abogado de los vecinos considera que los hechos podrían encajar en presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal.
Fernando Gómez, presidente de la comunidad, resume la decisión tomada tras intentar resolver el conflicto por la vía del diálogo, “ahora denuncia, abogado. Y pasito a pasito, porque es un proceso bastante extenso y largo”. Los afectados aseguran que intentaron contactar previamente con el administrador para aclarar lo ocurrido, pero ante la falta de respuesta decidieron acudir a los tribunales para evitar asumir una deuda que sostienen no haber autorizado.
El impacto no es solo financiero, Irene Guerra, vecina de la comunidad, muestra la sorpresa y decepción que ha generado el caso, “no nos lo esperábamos de este hombre porque es que él ha sido siempre muy formal y esto ha sido un jarro de agua fría que nos han echado encima.”
Las comunidades temen ahora posibles derramas para hacer frente a las cantidades reclamadas mientras se dirime la responsabilidad judicial.
Expediente abierto
El Colegio de Administradores de Fincas tuvo conocimiento de los hechos tras recibir llamadas de vecinos los días 10 y 11 de febrero solicitando información sobre cómo proceder. Tras verificar que el administrador estaba colegiado en Sevilla, se inició de oficio un expediente informativo que derivó en expediente disciplinario.
La entidad ha reiterado que actúa bajo el principio de presunción de inocencia y que continuará ofreciendo asesoramiento a los presidentes y comunidades afectadas a la espera del avance de la investigación judicial.
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