La Policía Nacional detuvo en la tarde del martes al administrador de fincas conocido en su entorno como el Dioni de Pino Montano, por su presunta implicación en una estafa que podría superar los dos millones de euros. El arresto se produjo en la localidad de Benacazón, cuando el sospechoso se disponía a subir a un vehículo en plena vía pública. Los agentes actuaron ante el riesgo de fuga, ya que el administrador llevaba semanas en paradero desconocido.
Según las denuncias presentadas, el detenido habría solicitado créditos bancarios a nombre de las comunidades de propietarios que gestionaba sin contar con la autorización ni el conocimiento de sus presidentes. El argumento utilizado era siempre similar: supuestas reformas en los edificios o la tramitación de ayudas para mejoras como la instalación de ascensores. Sin embargo, los responsables vecinales descubrieron la maniobra al recibir notificaciones de las entidades financieras reclamando cuotas impagadas.
Al menos quince comunidades se han visto afectadas por este presunto fraude. La mayoría se ubican en el barrio sevillano de Pino Montano, aunque también hay casos en zonas como Juan XXIII, Tiro de Línea, Macarena, Sevilla Este y el municipio de Camas. Las cantidades solicitadas varían notablemente: desde préstamos de 66.000 euros hasta otros que alcanzan los 192.000 euros.
Investigación judicial en marcha
Las primeras sospechas surgieron a comienzos de febrero, cuando el administrador dejó de responder llamadas y mensajes o contestaba con explicaciones poco claras. Varios perjudicados acudieron entonces a la comisaría para formalizar denuncias, lo que dio pie a la apertura de una investigación policial que culminó con la detención.
Paralelamente, algunos afectados optaron por la vía judicial. El 3 de febrero, el abogado Óliver Cáceres, en representación de una comunidad de la calle Sierra de Gata, denunció la petición de un préstamo de 142.000 euros. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que ha abierto diligencias y ha citado al investigado a declarar el próximo 10 de marzo. El magistrado también ha requerido a la entidad bancaria implicada que aporte toda la documentación relativa a los créditos concedidos.
Otras comunidades han presentado denuncias adicionales, que previsiblemente se unificarán en una sola causa. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevos registros. Además de los préstamos, se investiga el presunto vaciamiento de las cuentas comunitarias en beneficio personal del detenido.
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