El próximo sábado se cumplen veinte años desde que un juez ordenara parar las obras del hotel que la empresa Azata del Sol construía en la playa del Algarrobico, dentro del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. El edificio, una estructura de 21 plantas levantada casi a pie de playa, lleva desde entonces paralizado. Nadie lo ha derribado.
La paralización se produjo el 21 de febrero de 2006, cuando las obras estaban al 95% de ejecución y se realizaban incluso en turnos de noche para acelerar la apertura antes de que llegara cualquier veto judicial. La orden de detención llegó a raíz de un recurso del colectivo ecologista Salvemos Mojácar y el Levante almeriense, al que se sumaron Greenpeace y Ecologistas en Acción. Estos grupos argumentaban que el proyecto vulneraba la Ley de Costas al invadir la zona de protección de 100 metros del litoral, y que además se ubicaba en terreno no urbanizable dentro del parque natural.
El juez consideró que había indicios suficientes para paralizar las obras y que continuar con ellas podría causar daños irreversibles al entorno. Lo que empezó como una medida cautelar provisional se ha convertido en veinte años de litigios, con catorce sentencias del Tribunal Supremo y decenas de resoluciones judiciales que aún no han conseguido restituir la playa a su estado original.
Una victoria parcial esta semana
El pasado lunes 16 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decretó el archivo definitivo de la causa urbanística. Esto significa que el terreno donde se levanta el hotel queda clasificado de forma permanente como suelo no urbanizable de especial protección, lo que lo hace jurídicamente intocable. Esta clasificación fue publicada por el Ayuntamiento de Carboneras el pasado 12 de enero, bajo la amenaza del tribunal de imponer multas personales al alcalde cada veinte días si no lo hacía.
Sin embargo, la licencia de obra concedida en 2003 sigue vigente administrativamente, a pesar de ser contraria a la normativa actual. El intento del Ayuntamiento de anularla mediante un procedimiento administrativo interno fracasó en enero de 2026: el expediente caducó el día 11 sin resolución, porque el Consistorio envió la documentación incompleta al Consejo Consultivo de Andalucía, lo que paralizó el trámite necesario para revocar el permiso.
Greenpeace pide a la Fiscalía que investigue al alcalde por posible desobediencia
Ante este nuevo bloqueo, Greenpeace presentó el miércoles un escrito ante el TSJA solicitando que el caso del alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, de Ciudadanos, sea remitido a la Fiscalía por un posible delito de desobediencia. La organización ecologista acusa al regidor de haber utilizado distintos pretextos durante tres años para dilatar los plazos y dejar caducar los procedimientos administrativos.
En paralelo, el frente estatal avanza con lentitud. El 4 de febrero, el Tribunal Supremo autorizó al Ministerio para la Transición Ecológica a ocupar los terrenos del hotel, rechazando los recursos de la promotora que intentaba bloquearlo. El Estado tiene ahora luz verde para tomar posesión de la parcela, pero la controversia se ha desplazado al precio de la expropiación: Azata del Sol reclama 44,5 millones de euros, mientras que el Gobierno ofrece 16.496 euros. La diferencia entre ambas cifras ha llevado el caso al Jurado Provincial de Expropiación, que deberá fijar el precio definitivo.
Dos décadas después de que un juez ordenara detener su construcción, el edificio de 21 plantas sigue en pie en la playa almeriense de Cabo de Gata, atrapado en un laberinto judicial y administrativo sin salida clara
El hotel del Algarrobico ha sobrevivido a múltiples gobiernos municipales, autonómicos y nacionales de distinto signo político. Hoy, el suelo sobre el que se asienta es legalmente inedificable, el Estado tiene autorización judicial para acceder a los terrenos y la Justicia amenaza con la vía penal al Ayuntamiento. Pero el edificio sigue en pie, protegido por una licencia de obra que la administración local no ha logrado anular en dos décadas.
¿Por qué no se ha derribado todavía?
La respuesta corta es porque nadie puede hacerlo legalmente mientras sigan vivos ciertos trámites administrativos y judiciales, y porque hay intereses económicos muy grandes en juego. Estos son los obstáculos concretos que lo impiden:
- La licencia de obra sigue vigente. Aunque el edificio vulnera la normativa actual, la licencia que el Ayuntamiento de Carboneras concedió en 2003 nunca ha sido anulada formalmente. Para demoler legalmente el hotel, primero hay que revocar ese permiso. Y el Ayuntamiento lleva años sin conseguirlo, ya sea por inacción, por errores procedimentales o, según los ecologistas, de forma deliberada.
- El Ayuntamiento ha bloqueado el proceso. El último intento de anular la licencia caducó en enero de 2026 porque el propio Consistorio envió la documentación incompleta. Greenpeace lo considera una estrategia para ganar tiempo y ha pedido a la Fiscalía que investigue al alcalde por desobediencia.
- La expropiación está sin resolver. El Estado tiene autorización para ocupar los terrenos, pero todavía no ha pagado por ellos. La empresa propietaria pide 44,5 millones; el Gobierno ofrece poco más de 16.000 euros. Hasta que no haya un precio acordado o fijado judicialmente, el proceso de demolición no puede avanzar.
- La maraña judicial. Catorce sentencias del Tribunal Supremo y decenas de autos en veinte años no han logrado articular una orden de demolición ejecutable de forma inmediata. Cada resolución ha abierto nuevos frentes en lugar de cerrarlos.
En resumen, el hotel no se derriba porque para hacerlo hacen falta tres cosas a la vez —anular la licencia, completar la expropiación y tener una orden judicial firme y ejecutable— y ninguna de las tres se ha conseguido simultáneamente en dos décadas.
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