La Junta de Andalucía ha puesto en marcha oficialmente este lunes el Plan Andalucía Actúa en la provincia de Córdoba. El anuncio llega tras la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) —el diario oficial donde se legalizan todas las decisiones del Gobierno regional— de los acuerdos que declaran la «situación excepcional» por desastre natural.
Esta medida es fundamental, ya que permite activar recursos de urgencia para un campo cordobés que ha visto mermado su potencial productivo. Este concepto técnico se refiere, básicamente, a la capacidad que tienen las tierras y explotaciones para seguir generando cosechas y riqueza en el futuro, la cual se ha visto seriamente dañada tras las lluvias y tormentas.
Inyección millonaria para el sector primario
El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha detallado que las pérdidas en el sector agrario de la provincia alcanzan ya los 331 millones de euros. El plan global, dotado con 1.780 millones para toda la comunidad, reserva una partida específica de 1.000 millones de euros para el sector primario.
De esa cantidad, el reparto se desglosa de la siguiente manera:
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700 millones de euros destinados a indemnizaciones directas para agricultores y ganaderos.
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170 millones para la reparación de caminos rurales, vías pecuarias y sistemas de riego.
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136 millones para infraestructuras hídricas (canales y conducciones de agua).
Los afectados podrán solicitar estas ayudas durante la primera quincena de abril, y la administración espera empezar a notificar las resoluciones a principios de junio para agilizar la llegada del dinero.
Recuperación de carreteras y caminos
El temporal ha dejado una huella profunda en la red viaria cordobesa, con 36 carreteras autonómicas afectadas. La Junta ya ha movilizado 21 millones de euros para obras de emergencia, de las cuales el 85% ya están en ejecución.
El calendario de obras es estricto: antes del 7 de marzo todas las actuaciones deben estar activas. En abril se iniciará la licitación de los contratos de asfaltado —un proceso de concurso público para contratar a las empresas constructoras—, con el objetivo de que las máquinas empiecen a trabajar en mayo.
Además, Molina ha recordado que la reparación de daños en infraestructuras que dependen del Estado, como ciertos cauces de ríos, es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con quien mantienen contacto constante.
Educación, Salud y Ayuntamientos
El impacto del desastre también ha llegado a los servicios públicos. En materia de salud, se han cuantificado daños por valor de 1,4 millones de euros, destacando los desperfectos por filtraciones en el Centro de Salud de Montemayor, que requerirá una inversión de 192.000 euros.
En el ámbito educativo, se han identificado 45 centros escolares con daños, con una estimación de gasto de 3,6 millones de euros para asegurar que el curso escolar continúe con normalidad y seguridad para los alumnos.
Por último, los ayuntamientos tienen un papel clave. Al haberse publicado hoy en el BOJA, se abre un plazo de diez días hábiles para que las entidades locales soliciten subvenciones. El Plan Andalucía Actúa permite incluso el anticipo presupuestario, es decir, que los municipios reciban el dinero antes de finalizar la obra para que no tengan que asfixiar sus propias cuentas públicas.
Molina ha concluido subrayando que este plan ofrece certidumbre con «presupuesto, calendario y procedimientos definidos», ofreciendo un respaldo real a quienes sostienen la economía de los pueblos cordobeses.
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