La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) ha subrayado en Sevilla el “grave impacto” del nuevo Registro Único estatal sobre la oferta legal de vivienda turística en la comunidad. Durante el encuentro informativo celebrado en la Oficina de Turismo de Marqués de Contadero, la patronal ha advertido de que el sistema ha revocado 21.872 inscripciones con RTA válido, lo que supone expulsar del mercado el 14,5% de las viviendas que cumplían la normativa autonómica.
El vicepresidente de AVVAPro, Juan Ignacio Chaves, ha calificado el Registro Único como “un auténtico muro burocrático” que restringe artificialmente el acceso al mercado, especialmente en el medio rural, donde hasta el 70% de la oferta queda fuera del Registro Único de Arrendamientos de Corta Duración por costes y plazos de regularización inasumibles. “Se está castigando precisamente a quien hacía las cosas bien y se está poniendo en riesgo una actividad que fija población, sostiene comercios y forma parte del tejido económico de muchos pueblos”, ha subrayado.
La asociación ha recordado además que la duplicidad entre el registro autonómico y el estatal vulnera el Reglamento (UE) 2024/1028 e invade competencias de las comunidades autónomas, con tasas de revocación especialmente preocupantes en destinos como Sevilla, Marbella, Granada, Málaga o Tarifa. “La propia Comisión Europea ha dado de plazo hasta el 20 de mayo de 2026 para eliminar las duplicidades incompatibles con el Derecho de la Unión; no podemos esperar al último minuto para corregir un sistema que está dañando la seguridad jurídica y la imagen del destino”, ha advertido Chaves.
Un modelo clave para las familias
Chaves, ha destacado que las viviendas de uso turístico no sustituyen a la planta hotelera, sino que la complementan, dando respuesta a una demanda específica, especialmente la de familias. “Viajar con niños requiere espacios de convivencia como salones o cocinas, algo que explica por qué muchas familias eligen este tipo de alojamiento”, señaló.
También ha mencionado estudios que apuntan a que hasta el 50% de los usuarios de viviendas turísticas no viajarían al destino si esta modalidad no existiera, lo que refuerza su papel en la atracción turística. Además, ha recordado que estas viviendas permiten absorber picos de demanda en eventos como Semana Santa o Feria, y favorecen la desestacionalización del turismo, especialmente en municipios rurales o costeros sin suficiente infraestructura hotelera.
Impacto positivo en el comercio local
Al no ofrecer servicios como restauración o recepción permanente, los huéspedes de viviendas turísticas recurren al comercio y servicios locales, como tiendas de barrio, bares, restaurantes o transporte urbano, lo que según la asociación genera un impacto económico directo en la ciudad y reparte los beneficios del turismo entre pequeños negocios y residentes.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Andalucía concentra el 54% de las viviendas de uso turístico registradas en España, con cerca de 91.700 alojamientos, mientras que el crecimiento del sector se sitúa en torno al 8,4%. Chaves ha defendido que estas cifras deben interpretarse con rigor y evitar lecturas alarmistas sobre supuesta ilegalidad generalizada.
Preocupación por el impacto del caos ferroviario
AVVAPro ha alertado sobre el impacto del accidente ferroviario en las VUT andaluzas: cancelaciones cercanas al 8% y caídas del 30% en reservas nacionales (especialmente en Sevilla y Málaga), con pérdidas directas de 462,5 millones de euros en alojamientos que podrían escalar a 1.500 millones de euros totales. La patronal reclama compensaciones extraordinarias, apoyo institucional y claridad sobre la conexión Madrid-Andalucía para «reforzar la confianza en el destino seguro».
Las cancelaciones y la bajada de precios han afectado gravemente a la rentabilidad del sector, por lo que solicitaron medidas que ayuden a recuperar la confianza y la demanda turística.
La asociación concluyó defendiendo una regulación proporcionada, clara y adaptada a cada territorio, que facilite el cumplimiento voluntario, combata eficazmente la oferta ilegal y garantice la convivencia. “El equilibrio entre desarrollo económico y calidad de vida no se logra con medidas indiscriminadas, sino con normas bien diseñadas y seguridad jurídica”, afirmó Juan del Toro.
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