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Rojas Marcos reivindica que el malagueño García Caparros fue víctima del «terrorismo de Estado»

El fundador del Partido Andalucista (PA) y exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, ha reivindicado este jueves el reconocimiento como víctima del terrorismo al joven malagueño Manuel José García Caparrós, fallecido por un disparo de la Policía en una manifestación de diciembre de 1977, porque considera que no cabe duda de que fue «víctima del peor terrorismo, el de Estado».

Interior deniega la condición de víctima del terrorismo al malagueño García Caparrós

El Gobierno rechaza declararle víctima del terrorismo

Rojas Marcos se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya defendido que la forma más rápida de reconocer como víctima a García Caparrós sería acometer en el Congreso un cambio urgente en la Ley de Memoria Democrática de 2022, pues con la legislación actual no es posible considerarlo víctima de terrorismo ni de la represión franquista.

En su opinión, deben abordarse las modificaciones legales que sean necesarias porque «García Caparrós evidentemente fue víctima del terrorismo, del terrorismo de Estado, que es el peor, el de la bomba atómica de Hiroshima, el del genocidio de Gaza y el de los tiros a Caparrós, a los grandes y a los chicos».

Llamamiento a los andaluces

En vísperas del Día de Andalucía que se conmemora el próximo sábado 28 de febrero, Rojas-Marcos ha hecho un llamamiento a los andaluces a «no dejar la autonomía en manos del gobierno de turno». «¿De qué nos sirvió el gobierno del PSOE 40 años que gritaba que era más autonomista que nadie? La autonomía sigue siendo de cartón piedra. Ahora es el PP el que la tiene, pero no podemos dejarla en manos del gobernante, ni del PSOE antes, ni del PP ahora», ha concluido.

Estas declaraciones se producen también un día después de que el Gobierno rechazase declarar a García Caparrós como víctimas del terrorismo en Málaga. Desde el Ministerio del Interior no le conceden ni la catalogación ni la indemnización a la familia del joven asesinado en 1977 durante una manifestación por la autonomía andaluza. De hecho, tras las críticas recibidas, el Gobierno ha vuelto a pronunciarse exigiendo a la Junta de Andalucía que asuma los pagos correspondientes.

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