El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha respaldado este lunes las reivindicaciones ante el Gobierno de España del empresariado turístico de la provincia tras la carta que este sector -a través del presidente de la Comisión Permanente de Turismo de la Costa del Sol y de la patronal hotelera provincial- ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reclamar infraestructuras hidráulicas, eléctricas y de movilidad, así como para el mantenimiento y conservación de las playas malagueñas.
«Entiendo la preocupación y el hartazgo de los empresarios malagueños ante la situación de falta de inversión en nuestra provincia. Málaga está viviendo una dejación de funciones por parte del Gobierno en materia inversora en todos los ámbitos», ha considerado Salado, que también ha dicho que «Málaga no se merece este maltrato.
Así, el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol ha aludido a la movilidad en la provincia, que ha calificado de «colapsada», y ha incidido en que existe una «colaboración leal» entre Ayuntamiento de la capital y Diputación por mejorar la movilidad en la A-7, pero «que no ha tenido respuesta» por parte del Gobierno.
Incidencias del Cercanías
También ha aludido a la obligación del Ejecutivo de seguir mejorando el transporte ferroviario, especialmente en el Cercanías C-1 entre Málaga y Fuengirola que «un día sí y otro tiene incidencia y está totalmente saturado y no tiene respuesta»; y ha lamentado en el Cercanías C-2 entre la capital y Pizarra la que ha considerado «infrautilización del Cercanía sal Guadalhorce, donde el Gobierno tampoco mueve ficha, donde se podía convertir en un modelo de movilidad de esa comarca importantísimo y tampoco se hace absolutamente nada».
También en materia ferroviaria ha hecho referencia al estudio del Tren Litoral «que no termina por llegar»; en carreteras ha aludido a la autopista de la Costa del Sol, «la más cara de España y que siguen subiendo los precios y que el Gobierno no hace absolutamente nada».
Y también ha criticado «dejación de funciones» del Ejecutivo central en inversiones en materia hidráulica «que es esencial para la provincia de Málaga», y, en concreto, ha aludido a la desaladora de la Axarquía, a los trasvases para los que ya la Junta ha ofrecido su colaboración como la del pantano de Iznájar, o a infraestructuras como la presa de Cerro Blanco y de Gibralmedina, «con la callada por respuesta».