La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado importancia este viernes a las modificaciones presupuestarias detectadas en varias obras públicas señaladas en el informe remitido por la Intervención General de la Administración del Estado a la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo. Según ha defendido la dirigente socialista, que se haya producido un modificado en el coste de una infraestructura “no tiene que implicar nada”.
La ministra realizó estas declaraciones ante los medios en Torre del Mar, en el municipio de Vélez-Málaga, durante el acto de presentación del anteproyecto de la desaladora de la Axarquía. Allí insistió en que, con la información disponible hasta el momento, los incrementos de presupuesto en obras públicas son una práctica habitual en proyectos de gran envergadura.
Cambios habituales en infraestructuras
“Con la información recibida, que haya un modificado no tiene que implicar nada”, subrayó Montero, quien recalcó que este tipo de ajustes “ocurren en todas las administraciones” y que además están “perfectamente regulados por la ley”. En su opinión, los cambios en el presupuesto inicial suelen responder a necesidades que aparecen durante la ejecución de los trabajos.
En el informe elaborado por la IGAE se analizan varios contratos públicos investigados dentro del caso Koldo. Entre ellos aparecen dos infraestructuras situadas en Andalucía: el refuerzo de los tirantes del Puente del V Centenario y el tramo Pulpí-Vera del corredor de alta velocidad Murcia-Almería.
Hacienda detecta sobrecostes del 20% en los contratos del Puente del Centenario
Sobre estas actuaciones, los técnicos de Hacienda detectan incrementos en el coste respecto al presupuesto inicial. En el caso del puente sevillano, el informe señala un aumento de 13,5 millones de euros sobre una obra adjudicada por 71 millones, lo que supone un incremento cercano al 19%.
Llamamiento a la prudencia
Pese a ello, Montero insistió en que los modificados presupuestarios pueden responder a “situaciones sobrevenidas, hallazgos de nuevas cuestiones o requerimientos técnicos que aparecen durante la ejecución”. Por ello, la ministra pidió cautela antes de extraer conclusiones.
“Tenemos que ser muy prudentes en los temas que están en estudio judicial”, afirmó, recordando que parte de la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y que el Gobierno no dispone de todos los detalles que manejan los investigadores.
La también secretaria general del PSOE andaluz reiteró que el posible problema no estaría en la existencia de un modificado en sí mismo, sino “en la manera en la que se haya hecho”. Mientras tanto, recalcó que corresponde a los tribunales esclarecer si hubo o no irregularidades en los contratos analizados.
El informe de la IGAE, solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, examina un total de once contratos públicos —cinco de Adif y seis de Carreteras— relacionados con adjudicaciones bajo sospecha dentro de la investigación judicial. Entre ellos figura también un proyecto del Corredor Mediterráneo en el que participó la constructora Acciona.
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