El subinspector de la Policía Local de Granada condenado a dos años y ocho meses de prisión por violencia física y psíquica habitual contra su expareja será juzgado de nuevo este lunes acusado de quebrantar en reiteradas ocasiones la orden de alejamiento que tiene impuesta respecto de la mujer.
La investigación por el caso Viogén avanza tras supuestas nuevas intrusiones en el sistema
El juicio está previsto que se desarrolle a puerta cerrada en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la víctima, le acusan de romper en diversas ocasiones la orden de alejamiento que le impuso en 2023 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y que llevaba aparejada un dispositivo telemático para controlarlo.
Su expareja denunció manipulaciones de la pulsera telemática en varias ocasiones, algunos de los cuales se juzgarán en este procedimiento y otros tantos se investigan en otra causa paralela.
El subinspector lo atribuye bien a momentos en que sumergió el dispositivo en la playa; otros en los que estaba haciendo barranquismo y el aparto se golpeó o en los que se quedó sin cobertura.
No obstante, tanto la Fiscalía como la acusación particular consideran que se trata de acciones «premeditadas» para generar «malestar en la víctima» que, a cuenta de los pitidos del dispositivo, «rememora» situaciones de «estrés y ansiedad».
Peticiones
La Fiscalía solicita que el subinspector sea condenado a una multa de 5.400 euros y a indemnizar a la víctima en otros 3.000 por daño moral. La acusación particular pide la máxima pena para este delito, multa de 7.200 euros y 6.000 de indemnización, al entender que el agente, a tenor de su profesión y conocimientos técnicos, es «perfectamente conocedor» de lo que está haciendo.
El pasado diciembre, el Juzgado de lo Penal 5 de Granada le condenó a dos años y ocho meses de prisión por un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja.
La decisión ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Granada tanto por la defensa del acusado, que pide la libre absolución, como por la Fiscalía y la acusación particular, que reclaman más pena. El asunto está pendiente de que el tribunal fije la fecha para revisar el recurso.