El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha alcanzado un acuerdo con los padres de un menor por el que serán indemnizados con 1.250.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria prestada durante el parto, ocurrido en un hospital de Sevilla.
El pacto, que pone fin al procedimiento judicial, contempla el abono de dicha cantidad por parte de la aseguradora del SAS, sin que exista condena en costas para ninguna de las partes. Con este acuerdo, se da por cerrado el proceso iniciado por la familia tras denunciar presuntas irregularidades en la atención médica durante el nacimiento del menor.
La demanda recoge que el bebé nació mediante un parto vaginal espontáneo y, en un primer momento, el examen físico se catalogó como normal. Sin embargo, poco después el recién nacido precisó maniobras de reanimación con mascarilla y oxígeno, y se trasladó a las 16 horas de vida a una unidad de neonatología al presentar problemas como cefalohematoma, acumulación de sangre bajo el cuero cabelludo, e hipoglucemia.
Graves secuelas
El informe clínico posterior reflejó un cuadro médico de gran complejidad. Entre las patologías diagnosticadas figuran parálisis cerebral infantil, epilepsia estructural con espasmos epilépticos, encefalopatía hipóxico-isquémica y convulsiones neonatales. Estas secuelas han marcado de forma determinante la vida del menor desde su nacimiento.
La representación legal de la familia sostiene que existieron deficiencias en el control del parto. En concreto, apunta a la falta de pruebas para comprobar el bienestar fetal durante la dilatación, como el análisis del pH de calota fetal, o la ausencia de una cesárea ante signos de posible sufrimiento fetal.
Actuación médica cuestionada
Según el dictamen pericial aportado, las secuelas del menor serían consecuencia de una actuación médica «deficiente y negligente». El informe señala que, pese a detectarse alteraciones en el registro cardiotocográfico, no se actuó con la celeridad necesaria.
En este sentido, se considera que una intervención mediante cesárea urgente podría haber evitado o reducido los daños sufridos por el bebé.
Tras el acuerdo alcanzado entre ambas partes, se ha solicitado la terminación y archivo del procedimiento judicial. La indemnización busca compensar los daños ocasionados por la atención sanitaria recibida, en un caso que pone el foco en la importancia de seguir los protocolos médicos durante el parto.