Adelante Andalucía llevará la próxima semana al Parlamento andaluz el proyecto de construcción de un edificio de ocho plantas en la calle Santa María del Robledo, en el barrio sevillano de Santa María de Ordás, tras las denuncias vecinales que advierten de posibles riesgos estructurales en las tres torres colindantes.
La iniciativa surge a raíz de las quejas expresadas por los residentes, quienes han manifestado en los últimos días su preocupación por una actuación que, según sostienen, podría comprometer la seguridad de sus viviendas y empeorar de forma notable sus condiciones de vida.
El portavoz de Adelante Andalucía en Sevilla, Javier Montes, ha calificado el proyecto como un “ejemplo de urbanismo de despacho” impuesto sin contar con el barrio. En este sentido, ha criticado que se utilice la vivienda protegida como argumento para sacar adelante una intervención que considera injustificada. Aunque la formación reconoce la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública, rechaza el modelo elegido en este caso concreto y cuestiona la forma en la que se ha planteado el desarrollo.
Impacto denunciado por el vecindario
Según ha trasladado Adelante Andalucía, los vecinos han alertado de una reducción significativa de la distancia entre los edificios, lo que provocaría una pérdida de luz natural y ventilación en las viviendas existentes. A ello se suma la preocupación por un posible riesgo estructural en construcciones antiguas, así como la desaparición de espacios destinados a la convivencia y al aparcamiento.
Asimismo, los residentes advierten de un incremento de la saturación en una zona que ya presenta una elevada densidad urbana. La portavoz de la plataforma vecinal, Cristina Fajardo, llegó a señalar públicamente que existe el temor de que las torres cercanas sufran daños graves, afirmando que los vecinos temen que sus hogares se agrieten aún más.
El proyecto se articula a través de un estudio de detalle, una figura urbanística que permite introducir modificaciones relevantes sin necesidad de alterar formalmente el planeamiento general. Este aspecto ha sido uno de los más cuestionados por la formación, al considerar que posibilita cambios sustanciales sin un debate público suficiente.
Ante esta situación, Adelante Andalucía ha solicitado la paralización inmediata del proyecto y la apertura de un proceso de diálogo con el vecindario afectado. También ha reclamado la revisión del uso del suelo y del instrumento urbanístico empleado, así como mayor transparencia en relación con la titularidad del solar y las operaciones vinculadas al mismo.
El Ayuntamiento defiende la legalidad del proyecto
Por su parte, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha defendido que el Consistorio no puede paralizar un proyecto que cumpla con la legalidad vigente. Durante el Pleno municipal celebrado este jueves, explicó que se trata de una parcela privada desde 2006, recogida en el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que la administración debe limitarse a comprobar su adecuación a la normativa.
En este sentido, subrayó que el Ayuntamiento no puede valorar si el proyecto es adecuado o no, sino únicamente si es legal, insistiendo en que ni la administración ni los vecinos pueden impedir su desarrollo si cumple con los requisitos establecidos.
No obstante, el delegado dejó abierta la posibilidad de que exista diálogo con el promotor del proyecto, señalando que no todo está cerrado ni negociado, lo que podría permitir cierto margen para abordar las preocupaciones planteadas por los residentes.
El desarrollo se enmarca además en la aplicación del Decreto Ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de vivienda, que permite autorizar el uso residencial de vivienda protegida en parcelas calificadas como dotacionales privadas, tanto de titularidad municipal como privada, siempre que se cumplan determinadas condiciones. En este contexto, el Ayuntamiento aprobó en febrero el estudio de detalle del proyecto, encargado por Mlopez Arquitectos S.L.P, que abarca una superficie de 2.600 metros cuadrados.
El proyecto ha generado un conflicto entre la administración, los promotores y los vecinos que ahora da el salto al ámbito parlamentario andaluz. Mientras el Ayuntamiento se remite a la legalidad vigente, los residentes y Adelante Andalucía insisten en la necesidad de revisar la actuación y garantizar una mayor participación ciudadana en las decisiones urbanísticas que afectan al barrio.