El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes 20 de marzo el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra. Durante su intervención en el Consejo de Ministros, Sánchez ha señalado que «las siituaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias». Por ello, el Ejecutivo realizará una inversión de 5.000 millones de euros con hasta 80 medidas diferentes para tratar de minimizar las consecuencias de este conflicto en la economía española.
Sánchez ha puesto en valor que, con este plan, España será el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea para hacer frente a esta situación. Además, ha asegurado que sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario y, si las circunstancias lo requieren, porque la gravedad de la crisis se acentúa, se ampliarán. Estas entrarán en vigor este sábado tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque será el próximo jueves, 26 de marzo, cuando se vote y convalide en el Congreso de los Diputados.
Rebaja de la fiscalidad eléctrica
Sánchez ha anunciado una «reducción drástica» de la fiscalidad energética, bajando los impuestos sobre la electricidad hasta en un 60%. Esta medida traerá una rebaja del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y ‘pellets’, al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.
Esto supone una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio, ha precisado. A esto se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.
Ayudas para los sectores más afectados
La norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos y, para los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se establece una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad.
La norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos y, para los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se establece una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad.
Se prohiben los despidos por los efectos de la guerra
Aquellas empresas que noten los efectos económicos del conflicto no podrán paliarlos mediante el despido de sus trabajadores. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que se dotará de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la guerra en Irán «saque tajada» de la misma.
Control de los márgenes salariales en el combustible
El Gobierno de coalición ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.
Impulso del autoconsumo y los vehículos eléctricos
Sánchez ha anunciado «un paquete masivo de deducciones» para impulsar el autoconsumo energético y las bombas de calor. Estas deducciones, vía Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se dirigirán a la instalación de placas solares, así como a puntos de recarga, bombas de calor o climatización de edificios, y se enmarcan en ese eje del plan más de «naturaleza estructural». De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.
Medidas sobre la vivienda
Las peticiones de los socios del Gobierno han sido escuchadas. En concreto, este segundo Real Decreto-ley incluye medidas como la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de los contratos de alquiler de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027, que desde Sumar cifran en más de un millón de contratos que afectarán a 2,7 millones de personas.
Además, también se incluye un régimen jurídico específico para los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública.
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