El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de La Puebla del Río, en colaboración con el Puesto de la Guardia Civil de Villamanrique de la Condesa, han desarrollaron un dispositivo orientado a la erradicación del furtivismo y la protección de los ecosistemas locales del Bajo Guadalquivir, realizando inspecciones exhaustivas en diversas parcelas de la zona.
El operativo se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otra, además de la notificación de diversas infracciones administrativas en materia de sanidad animal y residuos.
En una primera fase, la investigación localizó en el interior de una finca agrícola una concentración de 110 lazos de caza ilegales. Estas artes de captura no discriminatorias representan una amenaza para la biodiversidad local, con una afectación directa sobre la conservación del lince ibérico, especie protegida que habita en este entorno.
La Guardia Civil ha indicado que la práctica ilegal «no solo ponía en riesgo la integridad física de los ejemplares, sino que mermaba gravemente su fuente natural de alimento». Por estos hechos, se procedió a la investigación de una persona por delitos contra la flora y la fauna.
Explotación ganadera clandestina
En la segunda fase de la operación, la fuerza actuante, en colaboración con personal de la Oficina Comarcal Agraria (OCA), inspeccionó una explotación ganadera clandestina en una población próxima a la localidad.
En el recinto se detectaron graves deficiencias de bienestar animal, hallando ejemplares en mal estado y carentes de la documentación reglamentaria.
Asimismo, se detectaron vertidos contaminantes al subsuelo y el abandono de residuos sólidos. La actividad de esta instalación ilegal provocó, además, un delito de daños de elevada cuantía en explotaciones agrícolas colindantes, causados por el ganado que, tras romper los vallados, invadió fincas próximas.
Por estos hechos, se efectuó la detención de una segunda persona por delitos de maltrato animal y contra el medio ambiente, tramitándose de forma paralela las correspondientes actas de infracción administrativa.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas semanas tras el análisis exhaustivo de las pruebas obtenidas. Los responsables, junto con los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
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