Sandra Bautista, madre de una niña de 11 años con epilepsia y Trastorno del Espectro Autista (TEA), ha llegado a pagar hasta 550 euros mensuales para garantizar que su hija pudiera seguir el ritmo en clase. Lo hacía en un colegio público de Málaga y bajo una fórmula que dista mucho de lo que se firma sobre un papel: la de un “profesor sombra” que figura como voluntario, pero cuya presencia depende del dinero de las familias.
«Pagaba 550 euros al mes para que mi hija tuviera apoyo», relata. «No es que quieras hacerlo, es que si no lo haces, tu hijo no tiene la atención que necesita». Su caso no es aislado. Forma parte de una práctica extendida en muchos centros andaluces que lleva meses en el centro del debate tras el acuerdo entre la Junta y las asociaciones para eliminar progresivamente esta figura antes de 2027.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación consultadas por 101TV, alegan que no tienen constancia de estas prácticas y que no les competen, ya que «según el convenio establecido esta figura debe ser voluntaria y así lo deben garantizar las asociaciones».
Una figura «voluntaria» que sostienen las familias
El llamado profesor sombra —también conocido como asistente de aula— nació en Málaga como una solución improvisada ante «la falta de recursos en la educación pública», según explica Lorena Romero, presidenta de la Asociación de ‘Neurodiverso’. La función de esta figura es acompañar de forma individualizada a alumnos con necesidades especiales dentro del aula ordinaria.
Sin embargo, nunca ha sido una figura reconocida oficialmente. La normativa obliga a que su participación sea voluntaria y sin remuneración. En la práctica, según denuncian las familias, esto se ha convertido en «un sistema encubierto de pagos» con precios, en muchos casos, desorbitados para el bolsillo de una familia: monitores sombra consultados por este medio aseguran recibir hasta 1.000 euros mensuales por asistir a niños con autismo en colegios públicos, pese a firmar el voluntariado.
«Las asociaciones hacen firmar un anexo donde consta que es voluntariado y que no puede haber remuneración», explica Bautista. «Pero luego la familia tiene que pagarles en concepto de transporte, manutención o donación. Es lógico, nadie trabaja gratis y es la única forma de que el apoyo sea estable. Y cada ‘voluntario’ elige su precio».
Esta fórmula, añade, convierte un derecho —la educación inclusiva— en un «servicio condicionado a la capacidad económica de cada familia». Cabe recordar que en los últimos años el número de casos de niños con TEA se ha cuadruplicado. Mientras en el curso 2011-2012 se registraron 19.000, en el 2023-2024 la cifra superó los 91.000, según un informe de la Confederación Autismo España.
De solución provisional a sistema paralelo
Con el paso de los años, lo que comenzó como una medida excepcional terminó consolidándose como un recurso habitual en muchos centros, debido al incremento de casos de niños con TEA en las aulas. «Es una figura que se creó ante la falta de recursos oficiales y nunca se ha sustituido por un sistema público real», señala Lorena Romero, que también es madre de un niño con autismo.
En muchas ocasiones, incluso son los propios centros educativos quienes facilitan el contacto con estos asistentes, según denuncian las familias, a pesar de que formalmente se trata de voluntariado externo. El resultado ha sido la creación de un sistema paralelo en el que las asociaciones gestionan estos apoyos —incluyendo seguros y trámites— mientras las familias asumen los costes.
El acuerdo que busca eliminarlos
En 2025, la Junta de Andalucía y la Federación Autismo Andalucía acordaron eliminar progresivamente esta figura en un plazo de dos años. El objetivo era sustituirla por un modelo basado en profesionales del sistema público y acabar con las desigualdades.
Pero la aplicación del acuerdo generó un efecto inmediato: la retirada de nuevos apoyos sin que exista todavía un modelo alternativo. De hecho, fuentes de la Consejería de Educación consultadas por 101TV explican que aún «se está trabajando en este nuevo modelo» y que «se está evaluando la situación actual del alumnado con necesidades específicas», en colaboración con la Federación de Autismo de Andalucía.
Por su parte, fuentes de la Federación han indicado a este medio que es la Junta quien se está encargando de la gestión de los procedimientos y que la Federación «no realizará declaraciones».
Aulas sin apoyo: «un limbo» educativo
La consecuencia directa, según las familias, es un escenario «de incertidumbre y desprotección». «Hay niños que necesitan supervisión constante. Sin ella, no aprenden y pueden desregularse», explica Romero. «Estamos hablando de años muy importantes en su desarrollo».
«Este año hay más de 200 solicitudes nuevas para proyectos de figuras sombra y solo se han aprobado tres o cuatro. Esos niños están en clase sin ningún apoyo», denuncia Romero. Actualmente existen unos 800 casos activos que desaparecerán antes de 2027. Mientras tanto, cientos de alumnos ya se encuentran sin la asistencia que necesitan.
En este contexto, algunos padres se plantean incluso dejar de llevar a sus hijos al colegio ante la falta de garantías. «Son cinco horas al día sin la atención que necesitan. No estamos hablando de números, estamos hablando de niños», insisten.
«No estamos hablando de números, estamos hablando de niños»
Recursos oficiales «que no son suficientes»
Desde la administración se defiende que el alumnado con necesidades especiales cuenta con apoyos asignados, como profesionales de pedagogía terapéutica (PT), audición y lenguaje (AL) o técnicos de integración social (PTI). Mientras que desde la Consejería apuntan que cerca del 90% de los niños con necesidades especiales están integrados en aulas ordinarias y que han multiplicado su presupuesto hasta alcanzar los 600 millones de euros, las familias describen una realidad muy distinta.
Si bien es cierto que estos recursos existen en los centros educativos, asociaciones, familias y docentes consultados por este medio aseguran que, en muchas ocasiones, «no son suficientes». Y los propios profesionales se ven «desbordados» por el número de alumnos a los que tienen que atender.
A esta situación se suma la percepción de muchas familias, que consideran que las figuras más adecuadas para acompañar al alumnado con necesidades específicas son los PTIS (Personal Técnico de Integración Social). Defienden que son los profesionales realmente preparados y reconocidos para atender aspectos clave del día a día de estos niños, como la autonomía, los desplazamientos, la higiene, la alimentación o la participación en el aula, elementos fundamentales para lograr una inclusión real.
«Puede haber un solo profesional para 50 o 60 alumnos. Al final, cada niño recibe media hora a la semana o menos», denuncia Sandra Bautista. A esto se suma la sobrecarga de los docentes, que deben atender múltiples aulas, preparar materiales individualizados y asumir tareas administrativas. «Es imposible dar una atención de calidad así», afirma.
El aula específica
Además, explican que, en muchas ocasiones, el trabajo de estos profesionales en las aulas específicas, donde son derivados muchos de los niños con necesidades especiales, se dificulta al tener que atender a varios alumnos de diferentes edades o distintas necesidades, lo que interfiere en la adecuada evolución de cada uno de ellos.
Sandra Bautista y Lorena Romero denuncian que el modelo de aula específica, lejos de favorecer la inclusión, acaba «aislando a estos alumnos del entorno educativo ordinario». Según explican, estos niños no comparten el día a día con el resto de sus compañeros y, en muchos casos, quedan excluidos de excursiones y determinadas actividades escolares, lo que limita su desarrollo social.
Además, critican la falta de adaptación real dentro de estas aulas, donde conviven alumnos de edades muy dispares —desde cinco hasta quince años— y con necesidades muy diferentes, lo que dificulta una atención individualizada adecuada y refuerza la sensación de segregación dentro del propio sistema educativo.
Un problema que va más allá del autismo
La Junta sostiene que el sistema garantiza la educación inclusiva. Pero las familias hablan de una brecha entre la teoría y la práctica. «Sobre el papel están atendidos, pero en la realidad no lo están», afirma Romero. «Están en clase, pero no aprenden en igualdad». Con ratios que alcanzan los 27 alumnos por aula y varios estudiantes con necesidades específicas, la atención individualizada se vuelve inviable. «Eso no es inclusión», añade Bautista.
Aunque el debate se centra en el alumnado con TEA, las asociaciones advierten de un problema estructural que afecta a todo el sistema educativo. «No es solo un problema de los niños con autismo. Con estas ratios, ningún alumno recibe la atención que necesita», señala Romero. Pese al aumento de la inversión pública, las familias aseguran que no se traduce en mejoras reales en las aulas. «Sobre el papel hay más recursos, pero no llegan».
El acuerdo da de plazo hasta 2027 para implantar un nuevo modelo. Sin embargo, a día de hoy no existe una propuesta concreta ni claridad sobre quién la desarrollará. Mientras tanto, la desaparición de los profesores sombra ya está en marcha. Para muchas familias, el problema no es el futuro, sino el presente: un sistema que elimina un recurso imperfecto sin haber construido aún una alternativa.
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