El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que no tramitará el estudio de detalle para la construcción de un edificio en Santa María del Robledo, paralizando así un proyecto urbanístico que había generado rechazo vecinal y confrontación política entre el Gobierno local y la oposición.
El alcalde, José Luis Sanz, trasladó a los vecinos su compromiso de impedir el desarrollo del nuevo edificio de ocho plantas proyectado en una parcela privada, así como su intención de frenar también la edificación previamente autorizada de cinco plantas y 6.000 metros cuadrados. Según el Consistorio, además, se está trabajando en la posible adquisición de los terrenos para destinarlos a espacio libre y aparcamiento, con el objetivo de evitar futuros desarrollos urbanísticos en la zona.
El anuncio llega tras meses de movilización vecinal y críticas políticas. Desde el Ayuntamiento se enmarca la situación en decisiones urbanísticas anteriores, señalando que el origen del problema se remonta a un acuerdo de 2003 incorporado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, que ya contemplaba la edificabilidad de la parcela.
Sin embargo, el PSOE cuestiona esta versión. El portavoz municipal socialista, Antonio Muñoz, ha valorado positivamente la paralización del proyecto, aunque ha afirmado que “el PP sólo acierta cuando rectifica”. Muñoz sostiene que la amenaza de construcción no existía en etapas anteriores y que la situación actual se debe a decisiones adoptadas durante el mandato de Sanz.
En concreto, el portavoz socialista recuerda que el propio Gobierno municipal aprobó en julio de 2025 el cambio de uso del suelo a residencial y que, en febrero de este año, dio un paso más permitiendo aumentar la altura prevista de cinco a ocho plantas.
“No estamos ante un problema heredado, sino ante una situación que se activa y se agrava con decisiones concretas del actual Gobierno municipal”, ha señalado.
Asimismo, el PSOE confía en que el Partido Popular respalde en el próximo Pleno su propuesta para paralizar definitivamente el proceso, modificar el PGOU y garantizar que la parcela se destine a uso público como zona verde y aparcamiento.
Desde la oposición también se subraya que ha sido la presión vecinal la que ha obligado al Gobierno local a rectificar. “Celebramos que, por fin, el alcalde escuche a los vecinos y actúe en consecuencia”, ha indicado Muñoz, quien insiste en que su grupo apoyará cualquier solución que garantice el uso público del suelo con “transparencia, garantías jurídicas y plazos definidos”.
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