La gran trama urbanística de Granada todavía colea y el expediente Mulhacén será llevado a juicio una década después de que todo fuera destapado. La jueza que investiga el denominado ‘caso Nazarí’ ha emitido un auto de apertura de juicio oral sobre la pieza separada que atañe a las zonas de restauración anexas al pabellón que recibe el mismo nombre, ubicado en el barrio del Zaidín. Al banquillo han sido llamados la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital Isabel Nieto, tres altos cargos de su departamento y un promotor inmobiliario.
La pieza en cuestión fue abierta cuando un empresario, Ramón Arenas, pleiteó contra el Ayuntamiento de Granada por la construcción de varios locales de restauración en la parcela en la que se encuentra el pabellón Mulhacén, en el lateral del Paseo del Emperador Carlos V. Aquella actuación fue adjudicada al promotor investigado en febrero de 2007, todavía con José Torres Hurtado al frente del Consistorio. Se trataba de un terreno calificado como equipamiento deportivo y, por ende, no permitía la edificación de una infraestructura que no estuviera destinada a tal fin, por lo que la Justicia dio la razón al demandante.
La resolución del expediente Mulhacén, entre la indemnización y la fórmula de legalización
El expediente, sin embargo, no fue resuelto entonces y el asunto se dilató hasta que el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia en febrero de 2025. Todo ha desembocado en la apertura del juicio oral contra dichas cinco personas. La titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia las considera presuntas autoras de delitos continuados de prevaricación urbanística y común, fraude en la contratación, estafa por autoridad y funcionarios públicos, entre otras irregularidades. Para otros dos exaltos cargos del área de Urbanismo, en cambio, se ha acordado el sobreseimiento provisional.
La magistrada, además, ha fijado en cinco millones de euros la fianza que deberán prestar de manera conjunta los acusados para asegurar las responsabilidades que pudieran ser declaradas en esta causa, en la que los responsables civiles subsidiarios son la mercantil Fontdeis SL y el propio Ayuntamiento de Granada. La Fiscalía solicita penas de entre dos y tres años de prisión, así como otros 10 de inhabilitación para cualquier cargo o empleo público, para Isabel Nieto, el que fuera coordinador del área de Urbanismo y el promotor. Este último, además, no podrá recibir ayudas públicas o contratar con organismos públicos.
Un pabellón para 2.000 espectadores
El pliego del concurso para construir en la parcela a la que atañe el caso obligaba a la entidad concesionaria a construir un pabellón deportivo con capacidad para 2.000 espectadores e instalaciones anexas también vinculadas al deporte, tales como pistas de pádel o tenis, así como una zona comercial y un parking subterráneo. También valoraba el canon mínimo en 6,1 millones de euros y establecía otro concesional de 1.000 euros anuales. Todo debería revertir al Ayuntamiento tras los 40 años de concesión previstos.
La sentencia del pabellón Mulhacén mantiene en ‘stand by’ la recuperación de la instalación
La Fiscalía solicita por todo ello la nulidad de licencias expedidas y decretos vinculados a las instalaciones construidas, “sin perjuicio de las indemnizaciones a costa de los acusados”. El Consistorio, en paralelo, busca desde la ratificación del TSJ fórmulas para la legalización de los locales y, así, evitar el derribo de los mismos y la posterior compensación a las empresas que actualmente regentan los negocios -McDonald’s, Casa Mol, La Cueva de 1900 y Puerta Bernina-.
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