La Audiencia Provincial de Almería celebra este miércoles el juicio contra un hombre acusado de difundir de forma reiterada vídeos en la red social TikTok en los que vertía amenazas, injurias y calumnias contra jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil y una mujer identificada como víctima en un procedimiento de violencia de género.
Según el escrito provisional de conclusiones de la Fiscalía, el acusado se enfrenta a una petición de ocho años de prisión por delitos continuados de amenazas y calumnias, además de un delito de obstrucción a la justicia. A ello se suma la solicitud de 38 meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, por delitos continuados de injurias y quebrantamiento de condena con agravante de reincidencia.
Petición de penas y medidas accesorias
El Ministerio Público también solicita la imposición de diversas penas accesorias, entre ellas órdenes de alejamiento e incomunicación respecto a las víctimas. Asimismo, reclama que se le prohíba durante 15 años publicar en TikTok contenidos relacionados con los perjudicados.
En el ámbito civil, la Fiscalía pide que el acusado indemnice a las víctimas con una cantidad cercana a los 30.000 euros por los daños ocasionados.
Actividad en redes y antecedentes
El acusado, que cuenta con cuatro sentencias condenatorias previas y varios procedimientos judiciales en curso, habría publicado cerca de 120 vídeos entre el 18 de octubre de 2024 y el 7 de marzo de 2025. En estos contenidos, de elaboración propia, se recogían expresiones amenazantes, insultos y acusaciones de especial gravedad dirigidas tanto a autoridades judiciales como a agentes de la Guardia Civil de Garrucha y Vera, así como a una mujer con la que mantuvo una relación sentimental esporádica.
La Fiscalía sostiene que el procesado recurrió a la red social tras salir de prisión provisional en uno de los casos en los que estaba implicado, con la intención de atemorizar a las personas relacionadas con el procedimiento y dañar su reputación, siendo consciente de que sus publicaciones llegarían a conocimiento de los afectados.
Contenido de los vídeos y escalada de amenazas
En sus vídeos, el acusado señalaba directamente a jueces y fiscales por sus nombres, a quienes acusaba de dictar resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico. En algunos casos, exhibía una pulsera de geolocalización mientras criticaba su situación judicial y relataba sus entradas y salidas de prisión.
Además, empleaba expresiones ofensivas y de gran dureza contra agentes de la Guardia Civil, a quienes calificaba con insultos graves. Según los investigadores, el tono de las publicaciones fue en aumento, incluyendo amenazas explícitas en las que manifestaba su intención de vengarse e incluso de atentar contra un juez.
Investigación y pruebas recopiladas
Las actuaciones judiciales se sustentan, entre otros elementos, en un atestado elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, que incluye el visionado y la transcripción íntegra de los vídeos difundidos desde el perfil atribuido al acusado en TikTok.
Este material ha sido clave para documentar tanto el contenido de las publicaciones como su reiteración en el tiempo, aspectos que la Fiscalía considera determinantes para sostener la acusación.
Posturas de las partes
Por su parte, el abogado Miguel Martínez, en representación de la mujer afectada, solicita penas que suman varios años de prisión por distintos delitos, entre ellos amenazas, calumnias, atentado contra la autoridad, obstrucción a la justicia, quebrantamiento de condena y un delito contra la integridad moral.
Asimismo, reclama una indemnización de 70.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales y las secuelas sufridas.
Defensa del acusado
La defensa ha solicitado la libre absolución de su cliente al considerar que los hechos no constituyen delito alguno. Además, ha impugnado la autenticidad de los vídeos incorporados a la causa, argumentando que no coinciden el autor real y el aparente.
El juicio permitirá esclarecer tanto la autoría de las publicaciones como su posible relevancia penal, en un caso que pone el foco en el uso de las redes sociales como herramienta de presión y ataque contra instituciones y particulares.
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