El Tribunal Supremo inicia este martes el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García y 7 años para Aldama.
Según el escrito del Ministerio Público, dirigido por el fiscal jefe Alejandro Luzón, los tres acusados habrían conformado una organización con el objetivo de beneficiarse económicamente mediante la adjudicación de contratos públicos. La acusación sostiene que aprovecharon la posición de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes para favorecer a determinadas empresas a cambio de comisiones.
Aldama entrega al juez un sobre relacionado con la investigación del ‘caso Koldo’
La Fiscalía describe una estructura organizada y con vocación de permanencia, que habría operado durante varios años, especialmente en los momentos más críticos de la pandemia, cuando la urgencia en la adquisición de material sanitario facilitaba procedimientos de contratación más ágiles. En ese contexto, Aldama habría actuado como intermediario, identificando oportunidades de negocio y empresas interesadas en contratar con la administración.
El relato acusatorio atribuye a Ábalos el papel de “jefe” de la trama, proporcionando la influencia institucional necesaria, mientras que García habría funcionado como su “alter ego”, canalizando decisiones y gestionando tanto tareas oficiales como presuntamente ilícitas. Por su parte, Aldama habría mantenido una interlocución privilegiada con distintos organismos públicos, lo que le permitió detectar necesidades y presentar ofertas adaptadas para obtener adjudicaciones.
Entre las supuestas contraprestaciones figuran pagos mensuales de alrededor de 10.000 euros, así como beneficios en especie, como el alquiler de viviendas para los implicados o sus allegados. La Fiscalía considera que estos hechos podrían constituir delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.
El juicio se desarrollará a lo largo de 13 sesiones durante el mes de abril y contará con la declaración de más de 70 testigos, entre ellos responsables políticos y técnicos que participaron en los procesos de contratación. Los acusados, que se declaran inocentes, prestarán declaración previsiblemente al final del proceso.
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