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Ábalos se querella por el informe del Ministerio que le responsabiliza por los contratos de mascarillas del ‘caso Koldo’

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha presentado una querella contra las autoras de la auditoría encargada por su sucesor, Óscar Puente, sobre los contratos de mascarillas en plena pandemia. El informe fue clave para que la Audiencia Nacional pidiera al Tribunal Supremo que investigara al exministro por su posible implicación en el llamado ‘caso Koldo’.

Según la querella, presentada en los juzgados de Madrid, Ábalos acusa a la actual directora general de Organización e Inspección del Ministerio y a la perito firmante del informe de falsedad documental y falso testimonio. Asegura que el informe fue elaborado con el único objetivo de señalarle como responsable directo de las adjudicaciones bajo sospecha.

El PSOE dice que en diez años pagó a Ábalos más de 586.000 euros y que él donó al partido más de 45.000 euros

El exministro considera que la auditoría está «manipulada», «sesgada» y «preparada para imputarle», y sostiene que se realizó con un interés político, no técnico. También critica que se redactó cuatro años después de los hechos, justo cuando el caso empezaba a tomar forma judicial.

Ábalos afirma que la auditoría se difundió con rapidez a los medios, lo que demostraría –según su versión– que no tenía fines internos de control, sino que buscaba un impacto público y judicial.

Acusaciones de manipulación y omisiones

En su querella, el exministro denuncia que el informe atribuye declaraciones falsas a los funcionarios entrevistados y omite datos relevantes. Entre ellos, un cuadro técnico que justificaba la necesidad de adquirir mascarillas para un periodo de entre 15 y 30 días, lo que –según Ábalos– explicaba los pagos millonarios realizados.

También señala contradicciones entre lo recogido en la auditoría y lo declarado por altos cargos ante la Audiencia Nacional y el Supremo, lo que a su juicio demuestra que el documento está «falseado» y busca «inducir a error».

Ábalos defiende que el informe no se centra en errores administrativos, sino en desacreditar decisiones políticas tomadas en un momento crítico de la pandemia, cuando la urgencia sanitaria marcaba los tiempos de las contrataciones públicas.

Por último, critica que este informe contradiga las conclusiones del Tribunal de Cuentas, que no encontró responsabilidad contable en esas compras. Ábalos sostiene que su publicación responde a un “criterio de oportunidad política” por la presión del caso Koldo.

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