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Absuelto el exconcejal David Dorado por la contratación de un servicio de seguridad

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto al exconcejal de Infraestructuras, David Dorado, del delito de prevaricación administrativa por el que estaba siendo juzgado. El caso se centraba en la contratación irregular de un servicio de seguridad para colegios y edificios municipales durante su etapa en el Ayuntamiento, entre 2019 y 2021.

La sentencia, emitida por la Sección Tercera, concluye que no ha quedado demostrado que Dorado actuara con plena conciencia de que estaba cometiendo una ilegalidad. Aunque el tribunal califica su gestión de «torpe y reprochable», considera que no alcanza la gravedad necesaria para constituir un delito penal.

Una actuación «torpe», pero no delictiva

Según el fallo judicial, para que una acción administrativa irregular se convierta en un delito de prevaricación, es imprescindible que el responsable tenga la certeza de que está actuando al margen de la ley y, además, que su decisión provoque un resultado «materialmente injusto». La Audiencia considera que ninguna de estas dos condiciones se ha probado en el caso de Dorado.

El texto subraya que el exconcejal actuó «sin consultar a los técnicos municipales» y movido por una «inercia derivada de las firmas masivas» que se realizaban en aquel momento. El contexto era excepcional: la pandemia de la Covid-19 había impuesto un estado de alarma y, según el tribunal, Dorado buscaba evitar que los edificios públicos, entonces vacíos, se quedaran sin vigilancia.

La cronología de una contratación irregular

Los hechos se remontan a un contrato de seguridad adjudicado en 2018 a la empresa Segurisur. Curiosamente, esta compañía subcontrató desde el principio los trabajos a Eulen Seguridad, la misma empresa que había sido excluida de la licitación inicial por presentar una oferta con baja temeraria.

Tras una prórroga de un año, el contrato estaba a punto de expirar en mayo de 2020, en pleno confinamiento. Ante la necesidad de mantener la vigilancia en los inmuebles desocupados, y después de que Segurisur comunicara que no tenía interés en continuar, David Dorado firmó un nuevo contrato directamente con Eulen.

Este acuerdo se formalizó mediante un documento con fecha de 12 de mayo de 2020, aunque fue firmado por el concejal el 29 de septiembre de ese año. Lo hizo sin tramitar ningún expediente de contratación ni contar con los informes técnicos favorables, saltándose el procedimiento administrativo habitual. Pese a la irregularidad, la sentencia reitera que no se ha podido acreditar que la finalidad fuera injusta ni que se causara un perjuicio económico.

La sentencia no es firme y contra ella cabe un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un plazo de diez días.

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