La Fiscalía de Málaga ha acusado a un grupo formado por seis personas y dos empresas por delitos contra el medio ambiente y estafa por dedicarse al almacenamiento y gestión de neumáticos fuera de uso en instalaciones presuntamente clandestinas no adecuadas a las normativas medioambientales y en materia de seguridad y prevención, lo que según la acusación provocaría un «grave riesgo» de incendios; y por la comercialización irregular de estos a nivel internacional.
Esta investigación la llevó un equipo del Seprona de la Guardia Civil al detectar la existencia entre 2012 y 2017 de varias naves clandestinas en la provincia de Málaga, en concreto en Mollina, Humilladero y Antequera, donde se almacenaría una «gran cantidad» de neumáticos supuestamente «sin ningún tipo de medida de seguridad en materia de incendios pese al potencial riesgo», según señala el escrito del ministerio fiscal.
Además, se detectó un comercio supuestamente fraudulento de neumáticos usados, trasladados a países no comunitarios, sobre todo de África o Sudamérica, tras ser «importados ilegalmente de otros países de la UE», y comercializados como de segunda mano «sin ser aptos para su uso». También se habría detectado un supuesto fraude al sistema de gestión Signus con la emisión de certificados de idoneidad para la reutilización de las ruedas «no ajustados a la realidad», señala la Fiscalía.
Según la normativa, los neumáticos fuera de uso tiene la consideración legal de residuos y eran almacenados en unas instalaciones en las que supuestamente no existían equipos de detección de incendios, sistemas de alarmas o detección de humo o planes de emergencia. La acusación pública expone los efectos y riesgos graves que podrían suponer para el medio ambiente y para la salud, según consta en los informes periciales.
Cuatro procesados -un empresario, dos de sus hijos y la pareja de uno de ellos- son responsables de una empresa acusada, que contaba con 13 naves en un polígono industrial de Mollina en las que almacenaba más de 1.000 toneladas de neumáticos fuera de uso (NFU) y 16.700 neumáticos usados, señala el ministerio fiscal. Las instalaciones supuestamente carecían de autorización de organismos sobre afecciones o documentos relacionados con medidas de seguridad.
Uno de los acusados, administrativa de esta empresa, presentó en el momento de la inspección determinada documentación en la que se autorizaba la gestión de residuos, pero con una serie de requisitos, apuntando el ministerio público que supuestamente «todos y cada uno de ellos» según la investigación, «aparecieron incumplidos». Añade que las naves carecían de la adecuada ventilación y sistema de control de humos o prevención.
Por su parte, otro de los acusados está relacionado con la segunda empresa, que tenía una nave en Humilladero donde almacenaba unos 9.000 neumáticos de segunda mano importados desde Francia e Inglaterra, unos 3.000 NFU cuyo destino era la trituración a través de uno de los procesados mencionado; instalación que, según el escrito del fiscal, «carece de licencia o autorización municipal o del organismo ambiental correspondiente».
El último de los acusados también almacenaba en un local en Antequera neumáticos de segunda mano, pero también supuestamente carecía de las autorizaciones establecidas y de cualquier documento con las medidas de seguridad o sistemas de prevención, dice la acusación pública en sus conclusiones provisionales.
Por otra parte, para el fiscal, los procesados y empresas acusadas supuestamente trasladaban estos neumáticos en grandes cantidades procedentes de países de la UE con destino «una vez discriminados en las naves ilegales, a terceros países extracomunitarios, donde las exigencias de calidad son menores», vendiendo como de segunda mano neumáticos con defectos «que hacían imposible su reutilización» y con «evidente riesgo» para la vida de los usuarios que los compraban.
Se trata, señala esta acusación, de un traslado «ilícito» de residuos, apuntando que supuestamente «han venido introduciendo en el mercado nacional grandes cantidades de neumáticos de segunda mano sin declararlos ni contribuir económicamente al Sistema de Gestión Integrado (particularmente Signus). Así, indica que se habrían producido un fraude respecto a la ecotasa por reintroducir los neumáticos.
Por estos hechos, el fiscal acusa a cinco personas y a las dos empresas por los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y estafa; y a un sexto procesados, solo por estafa. Además, a tres de los acusados también se les imputa un delito leve de falsedad. Las penas de prisión solicitadas oscilan entre los dos años y medio y los dos años y tres meses y para las empresas piden el pago de multas que superan los 800.000 euros.
Más noticias de 101TV en las redes sociales: Instagram, Facebook, Tik Tok o X. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo informativos@101tv.es