El joven acusado de acabar con la vida de su madre adoptiva para robarle y después deshacerse del cuerpo al arrojarlo al interior de una arqueta en Málaga capital ha admitido la participación en los hechos, pero ha dicho que la intención no era esa, no era matarla, sino que se le fue de las manos. «Me arrepiento», ha asegurado el procesado.
Un jurado popular juzga desde este lunes, 27 de octubre, al joven por los delitos de asesinato, robo con violencia y profanación de cadáveres, por los que ya fue condenado un menor. Además, hay otras dos procesadas, la madre de este menor y su pareja, a las que las acusaciones particulares, en representación de la familia de la víctima, les achaca un delito de encubrimiento.
El acusado sólo ha contestado a las preguntas de su defensa y, llorando, ha reconocido los hechos por los que le acusa el fiscal, que en su escrito inicial, señala que un día de mayo de 2022 este y el menor fueron al domicilio de la mujer donde la esperaron. Cuando llegó, se inició una discusión en la que la agredieron para que les diera el pin de la tarjeta.
Juzgan a un joven acusado del asesinato de su madre en 2022: tiró el cuerpo en una arqueta
Según las acusaciones, «le propinaron varios puñetazos en la cabeza» para «obtener un ilícito beneficio patrimonial» y una vez que les dio el pin y les indicó dónde estaba el dinero, supuestamente ataron a la mujer y la amordazaron, aunque logró sacarse la cuerda de la boca, que quedó en su cuello, «momento en el que ambos procedieron a tirar con fuerza con la intención de acabar con su vida».
Para el fiscal, la mujer no tuvo posibilidad de defensa y añade que, tras lo sucedido, el acusado y el menor limpiaron la casa, trasladaron el cadáver a un trastero «y lo metieron en un baúl», para días más tarde tirarlo en una arqueta, donde fue encontrado por la Policía Nacional en julio de 2022 tras llevarles el menor, a pesar de que el hijo había dicho que se había ido.
El acusado ha señalado que el día del asesinato consumió drogas y alcohol, lo que, según su defensa, repercutió en su estado mental, al igual que las situaciones «complicadas» sufridas a lo largo de su vida por el joven, adoptado por la víctima cuando era un bebé. Pero sobre todo influye su discapacidad que le hace tener una edad mental de ocho años, según un informe pericial.
Si bien, otro informe de médicos forenses elevan a 18 esta edad mental, por lo que para el fiscal son muy importante las pruebas periciales, que se desarrollarán el próximo jueves, para determinar si se le debe aplicar la circunstancia de alteración mental para atenuar la pena solicitada, que inicialmente se fija por la Fiscalía en 21 años y medio de cárcel.
Las acusaciones particulares, en representación del otro hijo de la víctima y de los hermanos de esta, inicialmente no contemplan esta circunstancia, por lo que piden penas más altas para este procesado; al tiempo que acusan a dos mujeres, la madre del menor condenado y a la pareja de esta, de un delito de encubrimiento, solicitando inicialmente la pena de tres años de cárcel.
Estas han reconocido que supieron que el menor había cometido un asesinato y que este era una persona «muy violenta» y las tenía «amenazadas»; por lo que han admitido parte de la acusación; pero han asegurado que desconocían quién era la víctima y han negado que les dijeran al procesado y al otro que escondieran el cadáver.
El menor, de 17 años cuando los hechos y ajeno a la familia, reconoció los hechos en el juicio y en esa sentencia se acordó su internamiento en régimen cerrado durante ocho años y otros tantos de libertad vigilada.
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