El alcalde, los concejales y el futuro de Burguillos depende ahora del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla después de que el Ayuntamiento presentara alegaciones contra la solicitud de medidas coercitivas de KSAC Europe Investments S.A.R.L., un fondo conocido como ‘fondo buitre’. La empresa pide multas personales para los ediles, que respondan con su patrimonio por una deuda de más de 27 millones de euros y la apertura de un proceso penal.
El equipo de gobierno advierte que si el Juzgado aceptara estas medidas, se verían obligados a dimitir, porque consideran imposible asumir personalmente una deuda que califican de «injusta y desproporcionada».
Alegaciones del Ayuntamiento
El Ayuntamiento señala que las multas no tienen base legal porque solo se aplican en casos de resistencia dolosa, no cuando la falta de pago se debe a la imposibilidad de afrontar la deuda. Explica que no hay resistencia a la sentencia, sino una imposibilidad material de cumplirla como se exige, recuerda que en menos de un año ya se han pagado 4,2 millones de euros y que pronto se realizará un nuevo pago, demostrando su voluntad de cumplir.
El Consistorio también advierte que con un presupuesto anual de 5,4 millones de euros sería imposible pedir un préstamo de 28 millones a 12 años, que implicaría un coste de casi 3 millones al año y pondría en riesgo el pago de nóminas, los servicios básicos y el funcionamiento del Ayuntamiento.
Además, el Ayuntamiento recuerda que presentó tres propuestas de pago razonables por 8, 10,5 y 13,4 millones de euros, todas rechazadas por KSAC, y señala que no procede aplicar medidas de la jurisdicción contencioso-administrativa porque estamos en un proceso civil. Añade que no se puede responsabilizar a alcalde ni concejales porque no son los ejecutados y no se les ha requerido colaboración según la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Presión sobre los ediles
El Ayuntamiento denuncia que las medidas solicitadas son un intento de presión injusto y contrario a un Estado de Derecho. Afirma que, a pesar de las amenazas y coacciones de KSAC y su bufete Gómez-Acebo & Pombo, el equipo de gobierno sigue cumpliendo con su deber de defender los intereses de Burguillos y que no cederá ante lo que considera un comportamiento mafioso.
Ahora será el Juzgado quien decida sobre la petición de KSAC. El Ayuntamiento confía en que se valore la imposibilidad de cumplir con lo solicitado y el esfuerzo realizado por el equipo de gobierno para cumplir la sentencia.
El equipo reafirma su compromiso de cumplir la ley, proteger a los vecinos y garantizar que Burguillos siga adelante pese a esta deuda injusta, dejando claro que solo dimitirán si se imponen sanciones personales a alcalde y concejales.