El presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, ha informado al Tribunal Supremo sobre la presunta compra irregular del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Tal y como asegura en el escrito, el socialista pagó en ‘b’ parte de un bajo comercial que adquirió en Valencia en plena pandemia junto a su entonces mujer, Carolina Perles.
En el escrito, Aldama se hace eco de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que refleja que, en una cuenta bancaria del matrimonio, consta un ingreso de 50.000 euros en concepto de préstamo, así como la emisión de dos cheques bancarios por un total de 77.215 euros, para la empresa Metalúrgica de Cerrajera del Mediterráneo.
La UCO vinculó estos movimientos de dinero a la compra de dicho local por 90.000 euros el 8 de julio de 2020, si bien reflejó que en un ordenador portátil incautado en casa de De Aldama se encontró el contrato de esa operación inmobiliaria pero con fecha de 23 de marzo de 2020 y por un precio de 110.000 euros.
Entonces, la Guardia Civil dedujo que «los cheques reseñados se corresponderían con el pago de parte de los 90.000 euros a satisfacer el 8 de julio de 2020», indicando que, respecto a los 20.000 euros restantes, «analizadas las cuentas bancarias vinculadas a Ábalos, no se han localizado movimientos que pudieran constituir el pago de estas arras, desconociendo si se habría producido y en qué condiciones».
En este nuevo escrito, que dice aportar para «auxiliar a la investigación», De Aldama explica que esa diferencia de 20.000 euros se debe a que el «contrato original», como se refiere al fechado el 23 de marzo de 2020, se enmendó el 4 de abril de ese año, para modificar «a la baja» el precio de compraventa, desde los 110.000 a los 90.000 euros que se reflejaron en la escritura pública el 8 de julio.
De Aldama aporta al Supremo ese contrato modificado y el correo electrónico en el que una empleada suya se lo envía. «Jefe. Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas», reza el ‘email’.
La defensa del empresario afirma que estos documentos no solo acreditan que De Aldama participó en «la confección de las distintas versiones de dicho contrato, pese a que «no intervenía formalmente» en la operación inmobiliaria, sino que «la razón de la modificación del contrato no fue otra que la de adaptar el texto a la cantidad por la que se otorgaría la escritura pública de compraventa, y no dejar constancia de los pagos realizados en efectivo al vendedor, siendo el precio real notoriamente superior».
Más noticias de 101TV en las redes sociales: Instagram, Facebook, Tik Tok o X. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo informativos@101tv.es