La defensa del empresario Víctor de Aldama ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, autorización para vender un inmueble situado en Málaga con el objetivo de pagar un préstamo pendiente, ya que actualmente tiene sus bienes y cuentas embargados al estar investigado en el denominado ‘caso hidrocarburos’. El edificio, además, se encuentra en «riesgo de ser ocupado», según advierte la representación legal del empresario.
La petición consta en un escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, donde se investiga un presunto fraude de IVA en el sector de los carburantes, causa en la que De Aldama figura como investigado.
Prohibición de enajenar sobre el inmueble
La defensa solicita al magistrado modificar la «prohibición de enajenar» que pesa sobre dicho inmueble, propiedad de la sociedad Logística Comercial Montelimar S.L.. Esta medida fue impuesta por Pedraz en octubre de 2024, al apreciar indicios de que el verdadero titular o usuario de los bienes sería el propio De Aldama.
El abogado del empresario, José Antonio Choclán, explica que en agosto de 2023 se formalizó un contrato de préstamo entre las mercantiles Ivercenter y Logística Comercial Montelimar, representada por De Aldama, por un importe de 3,5 millones de euros, coincidente con el precio del terreno. «Dicho importe únicamente podía ser destinado a la compra del terreno donde se iba a desarrollar o se estaba desarrollando el proyecto inmobiliario», detalla el letrado.
Devolución del préstamo
Según el escrito, la devolución del préstamo más intereses estaba prevista para el 29 de febrero de 2024, pero, «fundamentalmente como consecuencia de la incoación de las presentes diligencias previas y las medidas cautelares que en el seno de estas se han adoptado», no ha sido posible efectuar el pago.
La defensa también advierte que «el edificio se encuentra en una situación de potencial ocupación», una circunstancia denunciada el pasado mayo. En caso de producirse, sostiene, se dificultaría la venta del inmueble.
El abogado apunta, además, que en julio surgió una «potencial oportunidad de venta» tanto del terreno como del edificio, «en el estado en el que se encuentra», y con «el pretendido comprador comprometiéndose a culminar el proyecto inmobiliario inicialmente desarrollado por Logística Comercial Montelimar».
Por ello, insiste en la necesidad de autorizar la venta para hacer frente a la deuda pendiente, defendiendo que «es evidente que dicho inmueble en modo alguno se encuentra vinculado con el objeto del presente procedimiento, como tampoco los fondos utilizados para la consecución del proyecto, que están pendientes de devolución».
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