La violencia en el fútbol comienza es un asunto más que preocupante en Andalucía. Las imágenes bochornosas que se ven cada fin de semana en los distintos estadios reflejan un problema más que latente, donde las administraciones aún no han podido encontrarle solución alguna. Los datos hablan por sí solos. El 21% de delitos violentos en estos campos españoles desde 2018 se han registrado en nuestra comunidad.
En concreto, el Gobierno tiene contabilizados más de 1.300 actos violentos cometidos en Andalucía entre el año 2018 y septiembre de 2025, de los que más de la mitad. De estos, 838 se localizaron en las provincias de Sevilla (388), Cádiz (253) y Málaga (197). Son datos incluidos en el anexo de una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita registrada por diputados del PP en el Congreso sobre actos violentos.
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La respuesta aporta, en concreto, «los datos disponibles en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sobre actos violentos en eventos deportivos en campos de fútbol, que son los mayoritarios en España», según se puntualiza en la contestación, en la que se recopilan los datos provenientes de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales que los proporcionan a dicho sistema.
Dichas infracciones comprenden delitos como los de homicidio doloso, lesiones y riña tumultaria, en el caso de las consideradas «contra las personas», y los de amenazas, coacciones, acoso contra la libertad de las personas, vejaciones leves y trato degradante, entre las infracciones «contra la libertad».
Sanciones
Por otro lado, «en lo relativo a propuestas de sanción por parte de la Comisión Antiviolencia», desde el Gobierno explican que, «de acuerdo con la información de que dispone el Consejo Superior de Deportes, el fútbol profesional masculino es el más afectado por esta circunstancia».
Además, la respuesta del Gobierno destaca que «la investigación, calificación y conocimiento de hechos delictivos corresponde a la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la autoridad judicial competente, y que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, cuya presidencia ostenta actualmente el Ministerio del Interior, únicamente es competente para proponer sanciones por infracciones administrativas de ámbito estatal».
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