El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el procedimiento selectivo específico por concurso para los puestos de difícil cobertura en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), una herramienta prevista en la Ley de Salud de Andalucía que permitirá «dar respuesta» a la falta de profesionales en determinadas categorías y localidades donde las convocatorias convencionales «no han logrado cubrir las vacantes existentes».
De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud podrá volver a convocar por este sistema de concurso las 364 plazas de Médico de Familia (320) y Pediatra de Atención Primaria (44) que quedaron desiertas en la fase de inscripción de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 que se está desarrollando. Se realizará en dos convocatorias diferentes. La primera incluirá 183 plazas: 124 de médicos de familia y 59 de Pediatría. La segunda se realizará una vez quede resuelta la OEP de 2025 y el concurso de traslados, tal como ha detallado la Junta en una nota de prensa.
Se trata de una medida de «carácter excepcional pero estable, plenamente alineada con la legislación estatal y autonómica, que permitirá reforzar la asistencia sanitaria en zonas rurales, remotas o con especiales dificultades de captación, así como en categorías profesionales con déficit estructural». De esta forma, el nuevo decreto articula un sistema «ágil y garantista» que permitirá incorporar personal estatutario fijo mediante concurso de méritos, una vez acreditado que dichos puestos no pueden ser ocupados a través de los procedimientos ordinarios de selección o provisión.
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Este mecanismo favorece, tal como ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, la estabilidad del empleo público, facilita la planificación de recursos humanos y mejora la continuidad asistencial en aquellas áreas que requieren una atención reforzada. Entre sus elementos se incluye la declaración formal de los puestos de difícil cobertura en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Andaluz de Salud, la posibilidad de convocar procesos selectivos específicos por concurso exclusivamente para estos puestos y la obligación de realizar la solicitud de forma electrónica para agilizar la tramitación.
El decreto incorpora, además, un baremo de méritos que da un peso determinante a la experiencia profesional y reconoce el trabajo desempeñado en zonas de difícil cobertura, al tiempo que garantiza la igualdad de oportunidades mediante la reserva de plazas para personas con discapacidad. Así, establece que las personas que obtengan su plaza en estos procesos deberán permanecer al menos dos años en el destino adjudicado antes de poder participar en futuros concursos de traslados u otros procesos de promoción.
El decreto cumple con todos los principios establecidos en la Ley 39/2015 y ha pasado por los trámites de consulta pública, audiencia, información pública y negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad, incorporando las aportaciones de las organizaciones sindicales y de los colectivos profesionales implicados. «Con esta norma, la Junta de Andalucía refuerza las medidas destinadas a garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria y asegura que la ciudadanía pueda recibir una prestación de calidad con independencia de su lugar de residencia, al tiempo que ofrece un marco de estabilidad y desarrollo profesional para quienes opten por ocupar estos puestos esenciales», ha apostillado el Gobierno andaluz.
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