Hasta 142 de los 168 municipios urbanos analizados en Andalucía podrían declararse zonas de mercado residencial tensionado. Es una de las principales conclusiones del primer informe ‘PROSA Papers’, la nueva colección de documentos de análisis impulsada por el Grupo de Investigación Problemas Sociales en Andalucía de la Universidad de Granada (UGR), que sitúa el encarecimiento de la vivienda como uno de los principales problemas sociales de la comunidad.
El estudio, titulado ‘Situación y tendencias de la vivienda en Andalucía’, aplica una aproximación a los criterios establecidos en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda y concluye que 13 de los 15 municipios más poblados de Andalucía también podrían cumplir las condiciones para recibir esta declaración.
Sin embargo, la Junta de Andalucía ha optado por no utilizar este instrumento y la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía no contempla la declaración de zonas tensionadas. Una decisión que, según los investigadores, limita las herramientas disponibles para hacer frente a la escalada de los precios.
El alquiler sube un 51% frente al 28% de los ingresos
El informe pone cifras a las dificultades de acceso a la vivienda. Entre 2015 y 2024, la renta mediana por unidad de consumo de los hogares andaluces aumentó un 28% en términos reales, mientras que el precio de compra creció un 36% y el del alquiler un 51%.
La diferencia evidencia que los ingresos no han seguido el mismo ritmo que el mercado inmobiliario. De hecho, descontada la inflación, alquilar una vivienda cuesta actualmente más de un 75% que en 2014, mientras que la compra se ha encarecido un 40% desde 2021.
La evolución tampoco es homogénea en toda la comunidad. Málaga y Marbella encabezan las subidas, con incrementos reales del precio de venta superiores al 80% desde 2016. Por su parte, Córdoba y Jaén mantienen unos precios de compra prácticamente estancados, aunque no ocurre lo mismo con el alquiler.
La UGR reclama más medidas para facilitar el acceso a la vivienda
El trabajo ha sido elaborado por Ricardo Duque Calvache, Ángela Mesa Pedrazas, Alejandro Fernández y Maëlie Perier, investigadores del grupo Problemas Sociales en Andalucía, del Departamento de Sociología y del Laboratorio de Movilidad, Vivienda y Espacios (MoVivEsLab).
Los autores advierten de que existe una gran preocupación social por la vivienda, pero también una falta de información unificada para analizar su situación. Por ello, han recopilado datos de distintas fuentes públicas y privadas desde 2012.
Entre sus propuestas plantean combinar la contención de precios, la regulación de las viviendas turísticas, la movilización de inmuebles vacíos y la ampliación del parque de vivienda asequible, además de crear un sistema público de información que permita evaluar el impacto de las políticas aplicadas.




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