Detienen al presidente y al vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Fuentes de la investigación han confirmado los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que instruye las diligencias.

Tanto Giménez como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron ‘mordidas’ en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial, principalmente mascarillas, aunque también guantes y equipos de protección individual (EPI).

Registros en el palacio provincial

Los agentes han accedido al Palacio Provincial a primera hora de este martes, sobre las 8,00 horas, para realizar un registro exhaustivo en despachos de Presidencia y ordenadores conforme al auto judicial emitido por la instructora, María Belén López, toda vez que ha solicitado expedientes relacionados con las contrataciones. Además se prevén registros en domicilios particulares a lo largo del día.

La trama busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2.036.186,24 euros mediante un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020, ya que el coste del mismo hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros y se observan indicios de posibles ‘mordidas’.

En el marco de la investigación judicial, el PSOE solicitó el pasado mes de octubre a la juez instructora que llamase a declarar como testigo al presidente de la Diputación y también presidente del PP almeriense al considerar que había una «falta de concordancia» entre las declaraciones ofrecidas por testigos y por investigados, con base en las investigaciones policiales.

Caso abierto desde junio de 2021

El caso, que hasta ahora mantiene a 14 personas y a siete empresas bajo investigación judicial, estalló en junio de 2021 cuando la UCO procedió a realizar un registro en las dependencias del Área de Fomento, principalmente. En ese momento, el exdiputado provincial Óscar Liria estaba al frente de esta área, de modo que fue arrestado y enviado durante varios meses a prisión preventiva.

Durante aquel registro se hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es Kilian L.S, también investigado por su relación con Liria así como su papel al actuar como nexo entre la Diputación y la empresa suministradora.

El contrato investigado originalmente preveía la adquisición de 500.000 mascarillas así como monos de protección y guantes de nitrilo mediante el decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a los dos millones de euros a través de un expediente que se instruyó a través de Presidencia. Liria fue el que dio el nombre de Azor a presidencia para realizar ese contrato.