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El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno a tomar medidas urgentes para lograr la liberación de los dos españoles encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025. Se trata del cordobés Javier Marañón y el granadino David Rodríguez, que permanecen detenidos sin que se les hayan comunicado cargos formales ni se haya abierto ningún proceso judicial en su contra. El texto ha contado con el voto a favor de la mayoría de los grupos parlamentarios y la abstención del PSOE.
El Congreso aprueba una PNL que reclama al Gobierno medidas urgentes para liberar a los dos andaluces presos en Guinea Ecuatorial desde hace casi un año y medio
La iniciativa, presentada por el Grupo Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores, reclama la implicación inmediata y directa del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de contactos al más alto nivel con las autoridades de Guinea Ecuatorial para exigir la puesta en libertad de ambos ciudadanos españoles.
Detenidos en Malabo
Marañón y Rodríguez fueron detenidos el 22 de enero de 2025 en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, donde trabajaban para una empresa española de servicios digitales. Desde entonces permanecen recluidos en la prisión de Black Beach, uno de los centros penitenciarios más controvertidos del país, en el marco de una investigación sobre una presunta trama empresarial.
Los dos andaluces fueron detenidos en enero de 2025 en Malabo y desde entonces están en la prisión de Black Beach sin acceso a un proceso judicial
Sin cargos ni juicio
Según recoge la proposición aprobada, la detención se produjo sin notificación formal de cargos, sin una orden judicial motivada y sin acceso a asistencia letrada. La Cámara considera que estas circunstancias son incompatibles con los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por Guinea Ecuatorial.
Salud muy deteriorada
El texto también expresa preocupación por el estado físico de los dos presos tras más de un año y cuatro meses de encarcelamiento. Según sus familias, Javier Marañón ha perdido más de veinte kilos y ha sufrido problemas de salud derivados de varias huelgas de hambre, mientras que David Rodríguez ha visto agravada la hipertensión que padecía antes de su detención.
Las familias denuncian que Marañón ha perdido más de 20 kilos tras varias huelgas de hambre y que a Rodríguez se le ha agravado su hipertensión
La iniciativa parlamentaria denuncia además las condiciones de internamiento en Black Beach, donde según los denunciantes faltan atención médica e higiene adecuadas, y los presos habrían pasado periodos de aislamiento.
Caso usado como presión
Uno de los puntos más graves del documento es la referencia a unas declaraciones atribuidas al vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, que habría vinculado la posible liberación de los dos españoles a unas negociaciones con la empresa para la que trabajaban. Para el Congreso, esto demuestra que el caso se está utilizando con fines políticos.
Más apoyo consular
La PNL pide además al Gobierno que active todos los instrumentos diplomáticos y consulares disponibles mientras no se produzca la liberación. Entre las medidas reclamadas figuran garantizar una asistencia jurídica efectiva e independiente, permitir un acceso consular permanente y hacer un seguimiento continuo de la salud y de las condiciones de detención de ambos. El Congreso reclama también que se exija a las autoridades de Guinea Ecuatorial que dejen de utilizar políticamente el caso y de emplear a los dos ciudadanos españoles como elemento de presión.
Más de 61.000 firmas
La iniciativa recuerda que otras instituciones ya han mostrado su preocupación por la situación de Marañón y Rodríguez. Entre ellas, la Oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada, que ha reclamado mayor implicación del Ejecutivo español, y el Parlamento Europeo, que ha denunciado las condiciones de detención y los presuntos malos tratos sufridos por ambos. El texto también destaca la movilización de sus familiares, que han reunido más de 61.000 firmas entregadas al Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir una actuación más decidida.
