Izquierda Unida ha formalizado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los «errores graves» en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía, considerando como «implicados» a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, Rocío Hernández, que actualmente ostenta el cargo; Catalina García (ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente) y Jesús Aguirre (actual presidente del Parlamento autonómico).

En la denuncia, con fecha 6 de octubre y que ha sido difundida a los medios de comunicación por Izquierda Unida este martes, se señala que los hechos acontecidos apuntan «indiciariamente la comisión de múltiples delitos», como «homicidio imprudente en comisión por omisión», «lesiones imprudentes en comisión por omisión» y «omisión del deber de prestar servicios sanitarios».

Amama dice que «hay varias mujeres muertas ya por retrasos» en las pruebas complementarias a las mamografías

Respecto al primero de los supuestos «delitos», se señala en la denuncia que, de los hechos relatados, se puede desprender que, debido a «un fallo sistémico en la gestión sanitaria» no se ha realizado el seguimiento adecuado en los casos catalogados como «no concluyentes» o «dudosos» en el programa de cribado de cáncer de mama.

«La detección temprana es fundamental, ya que un diagnóstico a tiempo mejora drásticamente las tasas de supervivencia»

Se indica que la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama y otras organizaciones han apuntado a que la falta de diagnóstico precoz ha provocado que el «cáncer de mama evolucione y, en algunos casos, lleve al fallecimiento de pacientes». «La detección temprana es fundamental, ya que un diagnóstico a tiempo mejora drásticamente las tasas de supervivencia, permitiendo un tratamiento más efectivo, y el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía», según se recoge.

Asimismo, se expone que el programa de cribado de cáncer de mama depende de la gestión de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por lo que cualquier «omisión o retraso en la revisión de resultados no concluyentes constituye una falta de diligencia en la gestión pública».

«De haberse producido el fallecimiento por cáncer de mama de alguna mujer que se haya sometido al cribado y haya recibido un resultado dudoso sin el seguimiento correspondiente, estaríamos ante un supuesto de homicidio imprudente, en los términos recogidos en el apartado 1 del artículo 142 del Código Penal, en combinación con el artículo 11, al concurrir la acción por omisión y la relación de causalidad entre la inacción y el daño causado», recoge la denuncia.

En cuanto al posible delito de «lesiones imprudentes en comisión por omisión», la denuncia recoge que esta omisión ha expuesto a las mujeres afectadas a un «riesgo grave para su salud, al retrasar la detección de posibles lesiones malignas que, de haberse diagnosticado a tiempo, podrían haberse tratado con procedimientos menos agresivos y con mejor pronóstico».