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Las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogen este jueves 5 de marzo la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en la localidad cordobesa de Adamuz, en el accidente en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero.
Contenido de las cajas negras de los trenes siniestrados
El Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, encargado de la investigación del siniestro, autorizó el pasado 26 de febrero el acceso, extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes siniestrados, así como el acceso y extracción de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.
En concreto, la juez autorizó el empleo de cualquier programa informático que verifique «la integridad de los archivos, su fecha de creación, manipulación o cualquier otro dato de interés».
La Policía Judicial supervisará el procedimiento
El proceso de volcado, extracción y análisis deberá realizarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento, «obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos», conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial.
Toda la diligencia se practicará en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia, que extenderá la correspondiente acta judicial.
Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales de la localidad cordobesa. Así, la instructora indica en su auto que «para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos» considera justificado que se realice en el lugar en el que se encuentran.
Para ello, el Tribunal de Instancia de Montoro ha enviado un exhorto al Juzgado de Guardia de Madrid para que comisione un Letrado de la Administración de Justicia para que se persone en dicha diligencia junto con la Policía Judicial, «todo ello en garantía a la salvaguarda de las piezas de convicción que resulten de la práctica de la diligencia, así como de la indemnidad de la cadena de custodia en el proceso de extracción».
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