La Fiscalía Anticorrupción ha situado al exministro de Transportes José Luis Ábalos como «el jefe» de la presunta trama de mascarillas integrada por el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Así se ha pronunciado en el escrito de acusación, que ha presentado ante el Tribunal Supremo de cara al juicio que se celebrará contra los tres acusados por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos durante la pandemia.
El jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, reclama 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para De Aldama. Al exministro y su exasesor les atribuye presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Al empresario le aplica la atenuante de confesión y le achaca solo los tres primeros delitos.
Ábalos sostiene que los pagos del PSOE en sobres «son legales» y ve «tendenciosa» a la UCO
El Ministerio Público sostiene que «cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz». Y, según apunta, tanto Koldo como De Aldama «consideraban» a Ábalos como «el jefe».
Luzón indica que el exministro «aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa». Para el resto de oficios, señala, se valía de Koldo como «su hombre de confianza».
«Ánimo de enriquecimiento»
El fiscal asegura que, con «ánimo de enriquecimiento», Ábalos, Koldo y De Aldama «convinieron» aprovecharse del cargo que ostentaba el entonces ministro para «favorecer» –«a cambio del correspondiente beneficio económico»– la contratación con la administración pública «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería» el empresario.
En la misma línea, Anticorrupción remarca que los tres acusados «acordaron la futura comisión de delitos (…) conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». Y destaca que los tres eran «apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios» de Transportes, como por distintas personas del entorno empresarial de De Aldama y por familiares de Koldo.
Al hilo, el fiscal incide en que la organización nació «con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida» de Ábalos y Koldo de Transportes.
Para Luzón, la «cohesión» de esta presunta organización criminal «no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos (…) sino también en la facilitación» a De Aldama de una «interlocución privilegiada» en sus relaciones con Transportes y «otros departamentos ministeriales», así como con «diferentes administraciones públicas».