El Ayuntamiento de Armilla ha solicitado la suspensión cautelar de la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Granada, alegando que la norma presenta graves deficiencias técnicas y procedimentales. Según el consistorio metropolitano, la regulación afecta directamente a la movilidad y derechos de los vecinos del área metropolitana.
La petición ha sido formalizada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el marco del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Armilla contra la aprobación definitiva de la ordenanza, publicada el pasado 9 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia.
La medida, impulsada por el gobierno local de PSOE e Izquierda Unida, no cuestiona la necesidad de reducir las emisiones contaminantes, pero sí denuncia que el proceso llevado a cabo por el Ayuntamiento de Granada no cumple con las exigencias legales ni técnicas que impone la normativa estatal.
Evaluación ambiental y criterios de acceso
En su argumentario jurídico, el Ayuntamiento de Armilla señala que la ordenanza granadina no ha sido sometida a una evaluación ambiental estratégica previa, lo que constituye, en palabras del consistorio, un “vicio procedimental insanable”. Esta omisión, junto a otros fallos en el proceso, motivan la solicitud de suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso principal.
Uno de los aspectos más criticados es que se habría invertido el orden lógico de tramitación, al aprobarse la ordenanza antes de contar con un proyecto técnico que la justifique. Además, desde Armilla consideran que la norma carece de motivación suficiente y coordinación metropolitana, aspectos claves dada la interdependencia entre la capital y su cinturón urbano.
La demanda también pone el foco en los criterios de acceso a la ZBE, que según el Ayuntamiento de Armilla son discriminatorios. Se señala que se establece un trato desigual entre residentes y no residentes, a pesar de que “un vehículo contaminante lo es con independencia del lugar de empadronamiento de su propietario”, según recoge el escrito presentado ante el TSJA.
Por otro lado, se advierte del impacto económico y de movilidad que esta regulación puede generar en los municipios colindantes. La restricción del acceso a Granada podría afectar a servicios esenciales, oportunidades laborales y actividades cotidianas, especialmente en zonas como Armilla, cuyo tejido urbano y económico está estrechamente vinculado con la capital.
Armilla pide una transición ecológica justa y metropolitana
La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha subrayado que esta acción judicial no implica un rechazo a la sostenibilidad ni a la reducción de emisiones, sino una exigencia de legalidad, rigor técnico y coordinación institucional. “No se puede construir sostenibilidad dando la espalda al área metropolitana”, ha afirmado en declaraciones recogidas en la nota de prensa municipal.
Cañavate ha incidido en que la decisión se toma en defensa de los derechos de los vecinos y vecinas de Armilla, que diariamente se desplazan a Granada para trabajar, estudiar o acudir a servicios sanitarios, administrativos o comerciales. “Merecen una transición ecológica justa, equilibrada y planificada conjuntamente”, ha añadido.
Según datos del Plan de Transporte Metropolitano del Área de Granada, Armilla es el municipio con mayor flujo de movilidad hacia la capital, registrando más de 63.000 desplazamientos diarios. Además, se calcula que casi un 30 % del parque móvil de la localidad carece de distintivo ambiental, lo que dejaría a buena parte de la población afectada por las restricciones de la ZBE.
Desde el consistorio armillero se insiste en que las grandes decisiones sobre movilidad deben ser tomadas de forma consensuada entre administraciones, teniendo en cuenta la realidad metropolitana. “Granada no puede actuar como si el resto del cinturón no existiera”, ha concluido la alcaldesa de Armilla.
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