El pasado 29 de julio la Junta de Andalucía sacaba a licitación la explotación hotelera de la mítica Residencia de Tiempo Libre de Marbella. Diez días después, arquitectos y sindicalistas han anunciado que llevarán el proyecto a los tribunales a través de la Plataforma ciudadana en defensa de la Ciudad Residencial, donde denuncian «numerosas irregularidades» en el procedimiento de recalificación.
El colectivo también señala el incumplimiento de la normativa urbanística y la falta de protección del conjunto, incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. La CRTLM, considerada una obra maestra de la arquitectura moderna y operativa durante más de seis décadas, fue cerrada en 2023 «tras años de recortes en servicios, personal y mantenimiento», que los sindicatos calificaron como un «abandono deliberado».
El debate urbanístico y social sobre la mítica Residencia de Tiempo Libre de Marbella
«Un atentado cultural y social»
Según la Plataforma, el convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para recalificar el suelo a uso hotelero y aumentar la edificabilidad supone «la destrucción del complejo» y un “atentado cultural y social”. Acusan a ambas administraciones de justificar el cierre con supuestas pérdidas económicas, ocultando la gestión negligente previa, y de argumentar «falsamente» que el servicio público que prestaba “ya no es esencial” por una supuesta mejora económica de la población andaluza.
Los colectivos advierten de que, tras la pandemia, el aumento de los precios hoteleros ha dejado fuera del mercado vacacional a miles de familias, y recuerdan que «más de la mitad de los andaluces no puede costearse una semana de vacaciones».
La Junta saca a licitación la explotación hotelera de la Residencia Tiempo Libre de Marbella
Además de la vía judicial, la Plataforma ha denunciado el convenio ante la Fiscalía y ha llevado el caso al Defensor del Pueblo Andaluz, que ya ha abierto expediente. También ha presentado quejas ante el Consejo de Transparencia, la Delegación de Medio Ambiente y el área de Parques y Jardines por la negativa de las administraciones a facilitar información y por el abandono de la parcela: “Este no es un simple complejo vacacional”, sostienen los colectivos, que lo definen como “un símbolo de la historia social andaluza, integrado en un paraje único de dunas, pinares y playa”.
Sin embargo, para la Junta de Andalucía, se trata de un acuerdo que «reactivará un espacio en desuso» y aseguran que se respetará el valor patrimonial del conjunto, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2006.
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