El Consejo de Gobierno ha autorizado la enajenación de un único lote con dos parcelas de la Junta de Andalucía en los suelos del antiguo cuartel de Mondragones, en Granada capital, para facilitar la construcción de 328 viviendas protegidas. El número de viviendas protegidas en estas parcelas, además, ha aumentado gracias al Decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda aprobado en febrero de 2025.
Tras su aprobación, la Consejería de Fomento podrá sacar a concurso este proyecto residencial a través del sistema de colaboración público-privada de permuta de suelo por viviendas construidas, según ha detallado la Junta en una nota tras el Consejo de Gobierno de este miércoles.
Los suelos del cuartel de Mondragones, situados entre los barrios Plaza de Toros y La Cruz, se habían convertido en un vacío urbano en desuso. La Junta de Andalucía ha estado dando pasos para su desarrollo, mediante la urbanización de suelos a través de la junta de compensación.
Este último paso consiste en la enajenación de dos parcelas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por un importe conjunto de 13.370.011 euros. Este precio se ha actualizado por el aumento de edificabilidad aplicable por la adhesión del Ayuntamiento de Granada al Decreto ley 1/2025. Eso ha permitido que se aumente el número de viviendas protegidas en estos terrenos (de 295 a 328).
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Así, la autorización permite que la Consejería de Fomento pueda sacar a concurso público estas dos parcelas para la construcción de los suelos para viviendas protegidas de AVRA en el cuartel de Mondragones.
Permuta de solares de titularidad pública por VPO
La fórmula elegida es la del sistema de permuta de solares titularidad pública por viviendas protegidas. El sistema consiste en poner en carga suelos residenciales en desuso para que un promotor privado construya viviendas protegidas y, al final de este proceso, entregue un porcentaje a la administración.
Esta enajenación de bienes inmuebles ha tenido que ser autorizada por el Consejo de Gobierno debido a que esta cantidad supera los seis millones de euros, como queda recogido en la disposición adicional undécima de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía.
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