La accesibilidad a una vivienda asequible se consolida como uno de los principales retos sociales en Andalucía, especialmente en las grandes ciudades. En un contexto de precios al alza y salarios que no crecen al mismo ritmo, responsables públicos han defendido la regulación y la inversión pública como vías eficaces para garantizar el derecho a la vivienda.
El freno a los precios
Joan Ramón Riera, miembro del Comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, explicó que la declaración de zonas tensionadas en la capital catalana, en vigor desde hace más de un año, ha logrado contener la escalada de los alquileres tras una década de subidas superiores al 70%, frente a un aumento salarial de poco más del 20%. “La vivienda se había convertido en la principal fuente de desigualdad”, afirmó, subrayando que la regulación ha protegido a 234.000 familias y a cerca del 40% de la población barcelonesa.
Según Riera, el control de precios ha aportado seguridad tanto a inquilinos como a propietarios. Las familias evitan incrementos abusivos al renovar contratos, limitados a subidas de en torno al 2%, mientras que los dueños de viviendas se benefician de un entorno fiscal favorable y de una menor rotación, con pisos ocupados durante más tiempo. Además, desmintió que la regulación reduzca la oferta: el número de contratos de alquiler en Barcelona ha aumentado en más de un millar desde la aplicación de la medida.
Inversión pública y oferta
Desde la perspectiva estatal, Leire Iglesias, presidenta de Casa 47, defendió que la vivienda asequible “no solo es posible, sino rentable socialmente y viable económicamente”. Para ello, apostó por actuar de forma simultánea sobre la oferta, la regulación y las ayudas públicas. En este sentido, recordó que el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas un Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros, a la espera de que la Junta de Andalucía se sume a esta iniciativa.
Iglesias insistió en la necesidad de proteger la función social de la vivienda frente a usos especulativos o turísticos, especialmente mientras persista la falta de oferta. Al mismo tiempo, anunció importantes inversiones en Sevilla, donde Casa 47 prevé promover hasta 1.500 viviendas asequibles mediante la reutilización de patrimonio público, como los antiguos cuarteles o la antigua cárcel de La Ranilla.
Las obras de urbanización ya están en marcha y las primeras licitaciones para edificar han comenzado, con el objetivo de acelerar la llegada de nuevas viviendas al mercado. Para Iglesias, el mensaje es claro: con regulación, ayudas e inversión sostenida, Andalucía puede avanzar hacia un modelo de vivienda más accesible y justo.
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