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15/08/2022
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Benalmádena

Benalmádena aprueba definitivamente una modificación de elementos del PGOU para frenar las infraviviendas

El Pleno de Benalmádena (Málaga), celebrado este jueves, ha aprobado de forma definitiva una modificación de elementos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la fijación de la densidad en suelo urbano, «poniendo así freno a la creación de infraviviendas y a la transformación de locales comerciales en éstas». La medida ha contado con el voto favorable del equipo de gobierno (PSOE e IU), Cs y Vox, y el voto en contra del PP.

«Ya procedimos a la aprobación inicial de esta modificación en abril de 2020, que aprobamos provisionalmente en el pleno de enero de 2021», ha recordado la concejala de Urbanismo, María Isabel Ruiz, quien ha apuntado que «tras recibir dos informes favorables el pasado marzo por parte de las consejerías de Ordenación del Territorio y de Salud de la Junta de Andalucía, traemos a pleno la aprobación definitiva de la modificación del artículo 156 del PGOU».

Ha explicado que esta modificación «busca un doble objetivo: determinar unas condiciones mínimas higiénico-sanitarias para todas las viviendas; y establecer el coeficiente para fijar la densidad máxima de viviendas en aquellas zonas del municipio donde no se encontraba limitada por no estar incluidas dentro de los sectores de planeamiento, ni en las unidades de ejecución o polígonos de actuación».

«Es una medida importante y urgente, porque en aquellas zonas en las que la densidad urbanística no estaba limitada habían comenzado a proliferar las infraviviendas: en algunos barrios hemos visto como en la parcela de una casa mata se llegaban a construir cuatro y hasta seis apartamentos», ha informado la concejala, añadiendo que «esta ausencia de límites en la densidad máxima facilitaba el cambio de uso de locales comerciales a viviendas, dando lugar a un crecimiento desproporcionado que genera problemas de convivencia».

Ruiz ha apuntado que esta medida «ya está teniendo efectos y repercusiones favorables en nuestro urbanismo: si en 2019 registramos 68 solicitudes para convertir locales comerciales en viviendas, esa cifra se ha reducido hasta sólo 20 peticiones durante 2021, lo que supone ya una reducción drástica en la proliferación de infraviviendas».

A través de esta modificación, se ha establecido un coeficiente único de 100 metros cuadrados/vivienda para los núcleos principales de Benalmádena Pueblo y Arroyo de la Miel, y de 54 metros cuadrados/vivienda en el núcleo principal de Benalmádena Costa. «De esta forma preservamos la esencia de pueblo mediterráneo en Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo», ha incidido.

CREACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE SERVICIOS SOCIALES

Asimismo, en el pleno se ha aprobado por unanimidad la creación del Consejo Sectorial de Servicios Sociales; «un órgano de naturaleza consultiva, informativa y asesora, que nace con la finalidad de canalizar la participación de la ciudadanía y de sus asociaciones y organizaciones representativas de los intereses sociales», ha explicado la concejala de Bienestar Social, Alicia Laddaga.

«Desde el equipo de gobierno consideramos que las líneas que deben orientar la política de derechos sociales de este Ayuntamiento han de estar sustentadas en los principios de igualdad, universalización y participación ciudadana», ha señalado la edil, quien ha explicado que el Ayuntamiento será el eje principal de la acción de Servicios Sociales, «y las distintas entidades y asociaciones que participen contribuirán con sus esfuerzos y compromisos».

La presidencia del Consejo Sectorial de Servicios Sociales corresponderá al alcalde de Benalmádena, Víctor Navas. Contará con la participación de un vocal de cada uno de los grupos políticos con representación en el pleno. Habrá dos representantes de la Dirección de Servicios Sociales, una vocalía por cada una de las organizaciones empresariales más representativas del municipio, y por cada una de las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento.

El consejo también contará con la participación de representantes de las juntas directivas de los centros de participación activa de mayores, de asociaciones de personas con discapacidad, de las ampas, asociaciones de consumidores, Distrito Sanitario Costa del Sol, Asamblea Local de Cruz Roja, Cáritas, Delegación de Servicios Sociales de la Junta y asociaciones de intervención en personas sin hogar, entre otros colectivos y asociaciones de índole social.

«Favorecerá la coordinación entre esta delegación y las distintas entidades, grupos o asociaciones sin ánimo de lucro y con ámbito de actuación en la acción social, en una relación dinámica y democrática», ha valorado Laddaga.

Asimismo, se ha dado luz verde a la creación de la Comisión Municipal para la declaración de situación de riesgo en personas menores, así como el reglamento preceptivo para emitir dicha declaración.

Laddaga ha recordado que «la Ley 4/2021 del 27 de julio de Infancia y Adolescencia ha concluido que son los ayuntamientos, a través de sus servicios sociales, la administración competente para la prevención, detección, valoración, intervención y formalización de la declaración de situación de riesgo para menores».

«Situación de riesgo es aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativos, en su bienestar o en sus derechos, de manera que sea necesaria la intervención de la administración pública competente», ha explicado.

La edil ha precisado que la declaración de la situación de riesgo «procederá cuando llevándose a cabo por parte de los Servicios Sociales un proyecto de intervención o tratamiento familiar, la falta de colaboración en su desarrollo y ejecución por parte de los padres, madres o tutores pudiera requerir su separación del entorno familiar», ha aclarado.

La comisión estará compuesta por el alcalde o concejal en el que delegue, y representantes de los Servicios Sociales, del Distrito Sanitario Costa del Sol, de la Delegación de Educación de la Junta y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, además de un funcionario o técnico de Bienestar Social como secretario.

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