El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada ha aplazado hasta el 18 de marzo de 2026 el juicio contra los tres acusados por el grave accidente ocurrido en un escape room de Cájar en junio de 2022, en el que una mujer resultó abrasada tras ser rociada con un líquido inflamable al que supuestamente se prendió fuego durante el juego.
La vista oral debía celebrarse este miércoles, pero ha sido pospuesta por la enfermedad de uno de los abogados de la defensa. Las partes ya habían intentado alcanzar un acuerdo en una vista previa, sin éxito, por lo que el juicio se enfrentaba a su primera sesión formal.
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Una noche de ocio convertida en tragedia
La víctima, una mujer de 42 años, participaba junto a varios amigos en una experiencia catalogada como «escape room hardcore» en una vivienda conocida como Villa Amparo, situada en el municipio metropolitano de Cájar. Los hechos ocurrieron sobre las 22:40 horas del 27 de junio de 2022, cuando el grupo acudió a la casa siguiendo las instrucciones de la empresa organizadora, que les había advertido únicamente de que llevasen “ropa vieja” porque “podían mancharse”.
Al llegar, los participantes recibieron una breve explicación sobre las normas del juego, como resolver enigmas y avanzar de habitación en habitación, pero no se les informó de ningún riesgo físico ni de la posibilidad de usar materiales peligrosos. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la dinámica comenzó en la cocina, donde los seis jugadores quedaron encerrados hasta resolver las primeras pistas. Luego pasaron por un baño y un pasillo hasta llegar a una sala con mesa de póker, armario y piano. Fue allí donde aparecieron dos actores, también acusados, que simulaban ser parte del juego.
Uno de los intérpretes esposó a un participante y lo introdujo en una especie de ataúd cerrado con candado. Después, se dirigió a la víctima, le ordenó subirse a una silla, la ató de manos y le colocó una soga al cuello. Aunque logró soltarse, fingió seguir inmovilizada para no ser descubierta. Poco después, uno de los acusados vertió sobre ella un líquido procedente de un bidón, cuyo olor, según advirtió la propia víctima, “era claramente a gasolina”. A pesar de sus protestas, no obtuvo respuesta. El actor encendió entonces un mechero y, tras varios intentos fallidos de la mujer por apagar la llama soplando, el fuego prendió en su cuerpo.
Entre el pánico y el humo, la mujer intentó quitarse la camiseta mientras su compañero, encerrado en el ataúd, le gritaba “¡rueda, rueda!”. No logró ver nada hasta que otro de los acusados acudió con un extintor y consiguió sofocar las llamas. Luego la sacaron al exterior y le echaron agua hasta la llegada de sus amigos. La víctima sufrió quemaduras de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia, donde permaneció ingresada en la UCI de la unidad de Quemados durante semanas. El suceso provocó un fuerte impacto social en la provincia y llevó al cierre inmediato del escape room, que suspendió toda su actividad tras conocerse el accidente.
Acusación fiscal y reclamación millonaria
El Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión para los tres acusados por un delito de lesiones por imprudencia grave. Además, pide que indemnicen de forma conjunta y solidaria a la víctima con casi dos millones de euros, en concepto de daños físicos y psicológicos, secuelas y perjuicios económicos derivados del suceso.
Por su parte, la acusación particular, que representa a la mujer, eleva la petición de condena a tres años de cárcel y cifra la indemnización en 1,9 millones de euros, de los cuales deben descontarse 300.000 euros ya abonados por la aseguradora de la empresa responsable. El escrito de acusación sostiene que los acusados actuaron con negligencia grave, tanto al permitir el uso de líquidos inflamables en una actividad de ocio como al no contar con medidas básicas de seguridad ni formación adecuada para los actores.
De hecho, según el informe pericial, la mezcla utilizada, presuntamente agua con gasolina, no fue comprobada ni testada antes del evento. Los fiscales subrayan que ni siquiera se evaluó el riesgo de combustión, lo que evidencia una falta total de precauciones.
Sin permisos ni medidas de seguridad
Otro de los puntos más graves del caso es que la actividad se desarrollaba sin licencia municipal ni autorización administrativa alguna. El gerente de la vivienda, también acusado, habría permitido el funcionamiento del escape room a sabiendas de que carecía de permisos, según recoge la Fiscalía.
El escrito judicial detalla además la ausencia de señalización de emergencia, puertas y ventanas bloqueadas, falta de ventilación, y el uso de extintores inadecuados para combustibles líquidos. Todo ello, apunta el fiscal, configuraba un entorno “potencialmente letal” en caso de accidente.
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El Ministerio Público considera que el gerente tenía la obligación de garantizar las condiciones de seguridad del local y de instruir a los empleados sobre los protocolos básicos de actuación, algo que no hizo en ningún momento. Su omisión, añade, contribuyó directamente a que se produjera el siniestro y a que las consecuencias fueran tan devastadoras.
Una espera larga para la víctima y sus allegados
Más de tres años después del suceso, la víctima continúa recuperándose de las secuelas físicas y psicológicas derivadas de las quemaduras. El aplazamiento del juicio hasta marzo de 2026 prolonga la espera de una resolución judicial que determinará la responsabilidad penal y civil de los acusados.
Familiares y allegados han manifestado en varias ocasiones su frustración por la lentitud del proceso, aunque confían en que el nuevo juicio sirva para “hacer justicia” y evitar que un caso así vuelva a repetirse.
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