El Castillo de Marbella, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía y uno de los símbolos más valiosos del patrimonio histórico de la ciudad se encuentra desde hace varios meses en el centro de una batalla legal. Y es que, en el interior de sus murallas, una promotora privada pretende levantar apartamentos turísticos en un edificio con siglos de historia: la antigua Casa del Gobernador, también conocida como la antigua sede de Sevillana. Pero, ahora sus nuevos propietarios buscan rentabilizar su inversión en este espacio singular. Un movimiento ha provocado movilizaciones e indignación ciudadana hasta el punto de que el caso ha llegado a los tribunales.
La noticia sacudió en junio de 2024 a colectivos ciudadanos, historiadores y vecinos del casco antiguo. Al frente de la oposición se encuentra la asociación Marbella Activa, que en octubre del mismo año presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Ahora, la asociación está a la espera de la resolución sobre el expediente de intervención de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía.
«Nos enteramos hace unos ocho meses de que un promotor había adquirido la parcela con la intención de construir apartamentos turísticos», explica a 101TV Francisco Javier Moreno, doctor en Historia del Arte y portavoz de Marbella Activa. «Lo que nos preocupa no es solo la operación urbanística, sino que se está vulnerando un plan director aprobado por la propia Junta que proyectaba allí un parque arqueológico y un centro de interpretación», denuncia.
Un lugar con siglos de historia
La Casa del Gobernador no es una construcción cualquiera. Se asienta sobre la propia muralla del castillo, lo que la convierte en parte esencial del conjunto histórico protegido. «Aquí durmió Felipe IV y nació José López Domínguez, que fue presidente del Consejo de Ministros en el siglo XIX. Además, en esta casa se fundó un linaje que mantuvo la propiedad durante más de tres siglos», recuerda Moreno.
El castillo, de origen romano, fue ampliado durante la época bizantina y recibió su configuración actual bajo dominio andalusí en el siglo X. En el siglo XVI, Carlos V autorizó la edificación de viviendas en su interior, dando origen a espacios como la actual Plaza de San Bernabé. La Casa del Gobernador se construyó a finales de ese mismo siglo, convirtiéndose en un testimonio vivo de la evolución urbana de Marbella.
Interés turístico y negocio inmobiliario
Ante la indignación que causó la noticia, desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo José Eduardo Díaz señaló que el edificio tiene carácter privado y que se tramita «como una licencia de cualquier otra vivienda en el centro». Asimismo, añadió que el proyecto contará con «todos los controles arqueológicos y urbanísticos» y que «se hará lo más beneficioso para la ciudad».
La promotora, por su parte, defiende la legalidad de su actuación. Según Dolores González, la CEO del grupo inversor Loen, se realizaron catas arqueológicas cuyos resultados se remitieron a la Junta de Andalucía. «No se trata solo de construir, también queremos poner en valor lo que pertenece a la ciudad», afirmó González. Sin embargo, la asociación ciudadana teme que este «interés lucrativo», como lo califica Moreno, desvirtúe el valor patrimonial del lugar y lo privatice.
Una lucha que trasciende lo patrimonial
La posible conversión del edificio en apartamentos turísticos ha despertado una oleada de apoyo ciudadano. Marbella Activa ha recogido ya más de 700 adhesiones, muchas de ellas procedentes de arquitectos, historiadores, abogados, profesores y vecinos. «Nos escriben, nos llaman, se ofrecen para colaborar. Se nota en la calle», afirma Moreno.
Los espigones de Marbella, una demanda histórica… ¿a punto de hacerse realidad?
La batalla por el castillo no solo se libra por el patrimonio, sino también por el modelo de ciudad. El casco antiguo de Marbella, como tantos otros centros históricos de ciudades turísticas, está sufriendo un proceso de gentrificación. «Los precios son altísimos. Los jóvenes no pueden quedarse a vivir aquí y muchas personas rechazan venir a trabajar porque no pueden permitirse el alquiler», señala Moreno.
En ese contexto, la construcción de pisos turísticos en uno de los enclaves más emblemáticos del patrimonio local ha encendido todas las alarmas. «El castillo de Marbella no puede convertirse en una parcela privada. Es un bien común que debemos recuperar para los ciudadanos, como espacio público, cultural y educativo», concluye el portavoz de Marbella Activa.
La resolución de la Junta y la decisión judicial marcarán el futuro del castillo. Mientras tanto, tal y como asegura Moreno, la ciudadanía prevé nuevas movilizaciones para que su historia no se convierta en negocio.
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