Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, se han concentrado este sábado, 28 de junio, frente a la sede del Tribunal Supremo para protestar contra las reformas impulsadas por el Gobierno para modificar el acceso a ambas carreras y adaptar la Fiscalía al futuro cambio que dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales.
La concentración, donde se han oído gritos de «independencia judicial», y algunos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sirve de antesala a la huelga convocada para los días 1, 2, y 3 de julio.
Los organizadores de la concentración han leído un manifiesto donde declaran que no se trata de un acto contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que es un acto «a favor del poder judicial» y para «defender lo que es de todos».
En el manifiesto se destaca el papel de la independencia judicial, «clave para hablar de una democracia real», algo que está «bajo amenaza» por el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
Según defienden las organizaciones convocantes, esta reforma va a «rebajar la excelencia» de conocimientos en el acceso a estas carreras. Además, temen que la creación de un centro de preparación de opositores dependiente del Gobierno signifique la intervención del Ejecutivo en la selección de los miembros del poder judicial.
En cuanto al segundo anteproyecto, han criticado que este aumente el poder del Fiscal General del Estado, quien es nombrado por el Gobierno «sin ningún filtro previo», así como que elimine las garantías de autonomía de los fiscales, «reduciendo las posibilidades de oponerse a las órdenes de sus jefes». Además, han subrayado que a los fiscales se les asignará «el mando de la policía judicial y la investigación de los delitos» en sustitución de los jueces de instrucción.
«La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos», reza el manifiesto, que también indica que estas reformas van encaminadas a «convertir el poder judicial en un poder con minúscula». Así, de no retirarse los proyectos, han asegurado que «no tendrán más remedio que acudir a la huelga».
Asimismo, han recordado una petición que se lleva repitiendo desde «hace lustros» que es la de que de una creación masiva de plazas judiciales y fiscales para mejorar la rapidez del servicio y han pedido disculpas «de antemano» por los perjuicios de la huelga.
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Ya se reunieron con justicia
Tras la convocatoria de aquel paro (11 de junio) , las firmantes enviaron al Ministerio los informes que redactaron sobre ambas reformas. Y llegaron a reunirse el pasado 4 de junio con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y con las asociaciones progresistas que no se han sumado a la iniciativa para abordar los mencionados proyectos de ley.
La APM, la AJFV, FJI, la AF y APIF aseguraron que la reunión no fue «productiva» y recalcaron que Olmedo les había trasladado «de forma tajante» que el Gobierno no contempla retirar la reforma al acceso de las carreras judicial y fiscal.
Pese a la impresión de las asociaciones, fuentes ministeriales calificaron la reunión de «constructiva y respetuosa»; y aseguraron que desde el departamento que dirige Bolaños se reiteró «la necesidad» de reformar la ley para «modernizar el acceso a las carreras, blindar las becas, garantizar los ascensos automáticos y estabilizar a jueces y fiscales sustitutos, cumpliendo con la Comisión Europea».
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