La tensión sigue aumentando en Churriana. Los vecinos de la zona continúan luchando legalmente por detener la apertura del nuevo Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) promovido por la Junta, prevista para el próximo 1 de junio. Según denuncian, la obra cuenta con numerosas deficiencias e irregularidades y, además, sostienen que la ubicación no es adecuada para albergar un centro de estas características. La comunidad vecinal ha convocado una manifestación este sábado 31 de mayo frente al edificio de Tabacalera a las 11:00 horas. Según han confirmado, se espera la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno.
La noticia de la instalación del centro, que será gestionado por la Asociación para el Desarrollo e Integración Social Meridianos, fue conocida por muchos residentes a través de los medios de comunicación, sin información previa ni consulta pública, según apuntan. «Nuestra vida se va a ver completamente alterada. La Junta dice que serán menores internos, pero el pliego contempla también plazas de semilibertad y unidades de fin de semana», explica Berta González, vecina de la zona. «Esto lo han decidido sin contar con nosotros, sin transparencia, y con dinero público que pagamos todos».
«Se trata de un fraude de ley»
En el pleno municipal del jueves 29 de mayo, la moción presentada por Vox para evitar la implantación del centro en este entorno residencial no prosperó. Fue rechazada con los votos del PP y Con Málaga, a pesar del apoyo del PSOE y el partido proponente. Mientras tanto, las obras en el edificio continúan y, según los vecinos, aún no se ha emitido la memoria técnica necesaria para su apertura.
Carmen Sánchez, otra residente, critica la opacidad del proceso. «Nos enteramos por la prensa. Esto se ha hecho con un ocultismo tremendo. Ni Urbanismo, ni el distrito, ni el Ayuntamiento han sido transparentes. Empezaron las obras sin licencia, solo con declaraciones responsables, lo cual es un fraude de ley», denuncia. “Esto debería haberse tramitado como una licencia de obra, no a base de parches administrativos”.
Una casa de ejercicios espirituales realquilada
El centro se está habilitando en lo que antes fue una casa de ejercicios espirituales, alquilada por las monjas a un empresario, y por este, a su vez, al operador del CIMI. «Un servicio público no debería estar gestionado por una empresa privada. Todos sabemos cómo recortan: si necesitan cuatro enfermeras, ponen tres. Eso es lo que tememos», dice Carmen. También se ha denunciado el incumplimiento de normativas laborales y de seguridad durante las obras.
La ubicación del centro es una de las principales quejas. “Aquí no hay servicios, ni un banco, ni una cafetería, ni transporte público. No es un sitio adecuado ni para los menores ni para sus trabajadores», añade Carmen. «Vienen 80 empleados, más las familias de los 50 menores, y aquí no hay espacio ni para aparcar».
Más «deficiencias e irregularidades»
Los vecinos también alegan que el centro rompe con la intimidad del entorno. «Las ventanas del edificio dan directamente a nuestras casas. ¿Qué seguridad tenemos? ¿Qué privacidad les queda a las familias?», se pregunta Carmen, quien asegura que ni el alcalde ni los responsables de la Junta conocen realmente el lugar.
Ambas vecinas coinciden en que la lucha no es solo por la tranquilidad del vecindario, sino también por justicia y sentido común. «Este no es el sitio para un centro de estas características. El de Torremolinos tenía 12 internos en un edificio mucho más grande. Aquí quieren meter a 50. Esto no es un proyecto de reinserción, es un despropósito», afirma Berta.
El malestar ha unido a los residentes, que han entregado un informe técnico al alcalde con irregularidades detectadas y comparativas con otros centros de Andalucía. A día de hoy, no han recibido respuesta. Carmen lanza un mensaje claro: «No estamos en contra de la reinserción, pero esto no es el lugar. Vamos a hacer todo lo posible, legalmente, para detenerlo». La comunidad espera una reacción de las autoridades. De lo contrario, aseguran que escalarán la protesta hasta la Junta de Andalucía. «Esto ya no es un problema político, es una cuestión de justicia y coherencia», concluyen.
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